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Vinculan a proceso a pareja por posesión de 107 aves en Yecapixtla

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de José “N” y Yanin “N” luego de que policías municipales localizaran 21 jaulas con 107 aves de distintas especies dentro de un vehículo en un tianguis ganadero de Yecapixtla, Morelos.

El juez federal que conoció del caso impuso como medidas cautelares la presentación quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del estado y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

El caso es relevante porque entre los ejemplares asegurados hay especies sujetas a protección. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que participó en el operativo, trasladó las aves a sus instalaciones en Morelos para observación y evaluación técnico‑pericial que coadyuve en la investigación penal.

Según los informes oficiales, entre los ejemplares asegurados se cuentan 13 psitácidos mexicanos cuya comercialización está prohibida desde 2008, además de seis ejemplares correspondientes a dos especies de clarín y un trogón collaris. El resto, 87 aves, incluye gorriones americanos (Sicalis luteola), tordos cabeza amarilla (Xanthocephalus xanthocephalus) y cardenales (Cardinalis cardinalis).

Personal de Profepa informó que algunos ejemplares presentan afectaciones asociadas al hacinamiento y que, en al menos un caso, un trogón registra una infección respiratoria severa; la evaluación determinará si los animales pueden ser reintegrados a su hábitat o canalizados a Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o instalaciones autorizadas.

En el plano legal, la posesión y comercialización de fauna silvestre sin la documentación que acredite su origen legal se investiga como delito contra la biodiversidad; la normativa penal federal establece sanciones administrativas y penales que pueden incluir multas y penas de prisión.

Las autoridades federales mantienen la investigación y la elaboración del dictamen técnico pericial solicitado por la FGR para precisar el daño ambiental y aportar elementos a la carpeta de investigación.

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