La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) investiga la muerte de varias personas tras la aplicación de sueros intravenosos en una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García de Hermosillo.
En la mañana del 1 de abril la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutó un cateo en el inmueble, donde fueron asegurados medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes clínicos, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación, según el comunicado de la fiscalía. La autoridad dijo tener plenamente identificada a una persona de interés en la indagatoria y mantiene el inmueble asegurado.
El caso ha generado atención por el número de víctimas: autoridades estatales han confirmado la apertura de una carpeta por al menos cuatro fallecimientos relacionados con la aplicación de sueros vitaminados, aunque familiares y medios locales han difundido la denuncia de una madre que identifica a su hijo, Zahid Alberto Castro Lagarda, como una posible quinta víctima. Las instancias oficiales no han incluido ese caso adicional en el conteo confirmado hasta ahora.
Las autoridades sanitarias participan en las investigaciones. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) recibió insumos y muestras vinculadas a los casos para su análisis en laboratorio especializado en la Ciudad de México, según reportes de prensa. El secretario de Salud de Sonora informó que, según las indagatorias iniciales, el médico tratante preparaba las soluciones de forma individualizada con base en el diagnóstico de cada paciente.
En medio de las pesquisas, la empresa Rubio Pharma y Asociados S.A. de C.V. difundió un posicionamiento en el que niega comercializar productos denominados “suero” o “suero vitaminado” y se deslinda de la presunta elaboración de esas fórmulas, al tiempo que ofrece colaboración con las autoridades, según reportes locales.
Los reportes periodísticos señalan también que hay personas hospitalizadas que recibieron el mismo tipo de tratamiento y que las muestras aseguradas serán analizadas para determinar componentes y posibles causas de las reacciones adversas. La fiscalía y las autoridades de salud continúan integrando peritajes y revisando expedientes clínicos para establecer responsabilidades.
La investigación continúa abierta; las autoridades estatales y sanitarias han señalado que los resultados de los análisis y las diligencias ministeriales definirán si los casos se tipifican como delitos y qué personas o entidades podrían ser responsables.
