El presidente Donald Trump asistió el 1 de abril de 2026 a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington para escuchar los alegatos orales sobre una orden ejecutiva de enero de 2025 que pretende restringir la ciudadanía automática a quienes nacen en territorio estadounidense cuando ninguno de sus padres es ciudadano o residente permanente.
La asistencia del mandatario se produjo el día en que los nueve jueces analizaron los argumentos sobre el alcance y la validez de la orden; reportes indican que, de concretarse, esta sería la primera vez que un presidente en ejercicio presencia argumentos orales ante el tribunal.
El caso llega tras una serie de decisiones en tribunales inferiores y tras una intervención previa del Tribunal Supremo en junio de 2025 que levantó bloqueos emitidos por jueces federales, sin resolver de fondo la constitucionalidad de la medida. La apelación presentada por el gobierno no solo busca validar la orden, sino también limitar el alcance de las medidas cautelares emitidas por tribunales menores.
Los argumentos legales del gobierno sostienen que la cláusula de la Decimocuarta Enmienda que otorga ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos no se aplica a personas que no estén “sujetas a la jurisdicción” del país, por lo que los hijos de personas en situación migratoria irregular o con visas temporales quedarían fuera del derecho automático a la nacionalidad.
Investigaciones demográficas citadas en análisis públicos estiman que, si se eliminara la ciudadanía por nacimiento para niños de padres no ciudadanos o no residentes, en promedio alrededor de 255,000 nacimientos por año en Estados Unidos podrían verse afectados, con consecuencias demográficas y legales de largo alcance.
Defensores de derechos civiles y organizaciones que apoyan la ciudadanía por nacimiento han advertido sobre el impacto social y jurídico de una decisión que modifique ese derecho consagrado en la Constitución, mientras que la administración sostiene que su orden es necesaria para controlar la inmigración.
La Corte Suprema no emitió un fallo inmediato al término de las audiencias; los plazos para una decisión final dependen del calendario interno del tribunal y de la complejidad de los argumentos presentados.
