El amparo en revisión 492/2023, promovido por Ricardo Salinas Pliego, plantea la invalidez de la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera habría dirigido a instituciones financieras para obtener información bancaria y patrimonial; el expediente aparece en lista para resolución del Pleno y está bajo la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía.
La petición original de la UIF data del 1 de diciembre de 2021 y consistió en un oficio, canalizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para recabar datos de bancos y casas de bolsa sobre 79 personas, entre ellas Ricardo Salinas Pliego, en el marco del análisis vinculado a filtraciones conocidas como Pandora Papers.
El amparo en revisión 492/2023 llegó al alto tribunal tras recursos interpuestos desde 2021 y, en una etapa previa, la Segunda Sala declaró impedida a la ministra Lenia Batres Guadarrama para conocer y votar el asunto; ese impedimento quedó registrado en actas de la Corte y detuvo temporalmente su avance.
Según listados oficiales de la Suprema Corte, el asunto fue turnado a la ponencia del ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía mediante acuerdos internos y quedó programado para su discusión en sesión de Pleno, lo que permitirá que la Corte resuelva de manera definitiva el alcance de las facultades administrativas reclamadas.
La determinación que adopte la SCJN definirá si la autoridad administrativa puede solicitar y procesar información financiera de particulares sin una orden jurisdiccional y, en consecuencia, delimitará el alcance de las medidas preventivas en materia de lavado de dinero y el tratamiento del secreto bancario.
