El 31 de marzo de 2026, un comité federal conocido por su facultad para conceder exenciones a la Ley de Especies en Peligro votó por unanimidad para eximir de esa ley a las actividades de petróleo y gas en el Golfo de México, tras una reunión convocada por el secretario del Interior, Doug Burgum, a solicitud del secretario de Defensa, Pete Hegseth.
La petición presentada ante el Interior incluyó la argumentación de que la exención era “necessary for reasons of national security”, y según documentos judiciales Hegseth notificó a Burgum el 13 de marzo que consideraba necesaria la medida para evitar que litigios retrasaran o impidieran la producción energética, especialmente en un contexto de tensión internacional que el gobierno ha vinculado con la seguridad energética.
El panel, apodado por críticos como el “God Squad”, se reunió por primera vez en más de tres décadas para tratar este tipo de exenciones. Los integrantes del comité votaron a favor del permiso solicitado, lo que permite que agencias federales autoricen determinados proyectos petroleros y de gas en el Golfo sin aplicar las protecciones que normalmente exige la Ley de Especies en Peligro.
Grupos ambientalistas y científicos advirtieron que la decisión podría poner en riesgo a especies protegidas que habitan exclusivamente o en gran medida en el Golfo, entre ellas la ballena de Rice, tortugas marinas y el esturión del Golfo, citando impactos potenciales por colisiones navales, derrames y el ruido de las operaciones.
Organizaciones defensores de la vida silvestre intentaron en tribunales frenar la convocatoria del comité; sin embargo, un juez denegó medidas para bloquear la reunión previa a la votación. Expertos legales y representantes de asociaciones ambientales anticiparon que la medida enfrentará impugnaciones judiciales adicionales tras la votación.
Abogados que representan a grupos ambientalistas señalaron que la industria petrolera no fue la solicitante de la exención y que la petición parecía responder a una declaración del Departamento de Defensa sobre posibles efectos de litigios en la producción. Se espera que el fallo del comité marque un precedente administrativo y que sea objeto de debate público y legal en los próximos días.
