Una jueza federal ordenó al gobierno de Estados Unidos permitir el regreso a territorio estadounidense de María de Jesús Estrada Juárez, de 42 años, quien fue deportada a México el 19 de febrero de 2026 tras ser detenida el día anterior durante una cita para tramitar su residencia en Sacramento, California.
La magistrada Dena Coggins dio al gobierno un plazo de siete días para devolver a Estrada Juárez y restablecer las protecciones que mantuvo bajo el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), según la resolución judicial que impone la restitución de su situación “como si su salida del 19 de febrero de 2026 nunca hubiese ocurrido”.
La detención de Estrada Juárez ocurrió cuando se presentó a una entrevista de ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) en Sacramento; al día siguiente las autoridades ejecutaron su expulsión a México, pese a que ella contaba con protección activa bajo DACA y no tenía antecedentes penales, según la información pública sobre el caso.
En respuestas públicas y en la demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los abogados de Estrada Juárez argumentaron que la deportación se llevó a cabo sin que se le notificara ni se le ofreciera oportunidad de defenderse ante un juez de inmigración. Por su parte, autoridades federales señalaron que DACA no confiere estatus migratorio y que existía una orden de deportación anterior, argumento que figura en parte de la respuesta administrativa.
Legisladores demócratas y funcionarios locales reclamaron la restitución inmediata de Estrada Juárez y utilizaron el caso para señalar preocupaciones más amplias sobre las detenciones y deportaciones de personas amparadas por DACA. La familia de la mujer también había solicitado públicamente su regreso y apoyo mientras avanzaba la acción legal.
El caso de Estrada Juárez llegó a los tribunales federales mediante un recurso donde se pide que se deje sin efecto la expulsión y se permita su retorno mientras se resuelve la controversia, lo que podría sentar un precedente para casos similares que implican a beneficiarios de DACA que enfrentaron detenciones o removiones aceleradas.
La orden judicial exige al gobierno restituir a Estrada Juárez en un plazo acotado y restaurar sus protecciones; el seguimiento del cumplimiento y los próximos pasos procesales dependerán de las actuaciones del Departamento de Seguridad Nacional y de las decisiones posteriores en la causa.
