Una serie de movilizaciones y bloqueos afectó a varias regiones de Bolivia a finales de abril de 2026, con contingentes de campesinos, mineros, transportistas y trabajadores que se dirigieron hacia la sede del gobierno en La Paz y cerraron vías clave, incluyendo puntos en los Yungas y accesos desde departamentos como Pando y Beni.
Los manifestantes exigen atención a la crisis de combustibles, demandas salariales y rechazan cambios en la normativa agraria que, según sectores rurales, pone en riesgo la condición de pequeñas parcelas. Las medidas de presión incluyeron marchas de larga distancia, cierres de carreteras y llamados a paros regionales.
El Ejecutivo rechazó las peticiones de renuncia y calificó las movilizaciones como parte de un “proceso conspirativo” que busca desestabilizar la gestión; las autoridades también han señalado la presencia de múltiples sectores con agendas distintas que se han concatenado en los bloqueos.
La escalada coincide con la discusión de reformas económicas y agrarias impulsadas por el gobierno de Rodrigo Paz, además de reclamos por suministro y calidad de combustibles importados, lo que ha intensificado el malestar social y la presión política sobre la administración.
Analistas y observadores prevén que, si las demandas no reciben respuesta en los próximos días, las medidas de presión podrían ampliar su alcance y afectar el tránsito y el abastecimiento en zonas urbanas y rurales; los actores sociales han fijado plazos y realizadas advertencias sobre la posible intensificación de movilizaciones en la primera semana de mayo de 2026.
