Varias columnas de protesta realizan bloqueos de carreteras, marchas y paros parciales en distintos departamentos de Bolivia, en una movilización que escaló durante la última semana de abril de 2026 y que pone en tensión al gobierno del presidente Rodrigo Paz.
Las protestas reúnen a sectores campesinos, mineros, transportistas y sindicatos urbanos que denuncian escasez y mala calidad de combustible, reclaman aumentos salariales y piden la anulación o revisión de la Ley 1720, aprobada en abril de 2026 y considerada por los movilizados como una amenaza a pequeños productores.
Organizaciones como la Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB) han anunciado medidas escalonadas: desde cabildos y bloqueos regionales hasta la advertencia de un paro indefinido si el Gobierno no atiende sus demandas antes del 6 de mayo de 2026.
El Ejecutivo ha respondido con llamados al diálogo y mensajes públicos del presidente en redes sociales, donde aseguró no temer a las movilizaciones pero admitió la necesidad de encontrar soluciones. Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta críticas por problemas en la gestión de la estatal petrolera y la calidad del suministro, cuestiones que han alimentado el descontento social.
Analistas y reportes recientes indican que las movilizaciones reflejan una mezcla de reclamos económicos —en un contexto de crecimiento contenido y ajustes económicos— y de rechazo a políticas percibidas como perjudiciales para sectores rurales e indígenas.
La situación sigue siendo dinámica: varias rutas estratégicas permanecen bloqueadas y las organizaciones sociales mantienen calendarios de movilización que podrían escalar en los próximos días, por lo que la evolución política y la respuesta del gobierno serán determinantes para la estabilidad del país.
