La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma electoral y, ante ese resultado, Morena anunció la presentación de un “Plan B” para impulsar cambios por otras vías legales. La senadora Julieta Ramírez Padilla, de Morena por Baja California, defendió la postura oficial en un acto en Mexicali el 11 de marzo de 2026 y sostuvo que quienes se opongan a reformas que buscan recortar excesos estarán votando contra la demanda ciudadana.
El paquete rechazado pretendía modificar reglas sobre financiamiento, representación proporcional y la organización de los organismos electorales. Tras la votación negativa en la Cámara baja, dirigentes y el gobierno federal han planteado que el “Plan B” buscará avanzar por reformas a leyes secundarias y medidas que reduzcan el costo del sistema electoral.
Medios nacionales explican que el debate central gira en torno a reducir el financiamiento público a partidos, compactar estructuras del Instituto Nacional Electoral y eliminar duplicidades en los órganos electorales para generar ahorros. Estas propuestas han sido rechazadas por aliados y oposición en la jornada de votación, lo que motivó la búsqueda de alternativas legislativas.
La senadora Ramírez Padilla expresó en la capital de Baja California su respaldo a la iniciativa presidencial y remarcó que la reforma responde, en su versión, a reclamos ciudadanos sobre privilegios en el sistema político. En nota local, su pronunciamiento apareció con el lema de que “quien vote en contra de la reforma electoral vota contra el pueblo”, frase que resumen los principales señalamientos públicos de la legisladora.
Las estimaciones sobre los posibles ahorros varían según la fuente y la versión de la iniciativa. En propuestas anteriores vinculadas a la reforma se han citado cifras de miles de millones de pesos en ahorro; por ejemplo, en una versión difundida en 2022 se mencionó una cifra aproximada de 3,600 millones como ahorro proyectado por recortes específicos. Sin embargo, los montos concretos y su distribución entre federación, estados y municipios siguen siendo objeto de cálculo y discusión pública.
Por su parte, la Presidencia y las bancadas de Morena han señalado que, si se mantiene el rechazo en los canales constitucionales, el siguiente paso será presentar las alternativas del “Plan B” para su análisis legislativo. Los siguientes movimientos dependerán de acuerdos con aliados y de la ruta jurídica que el propio equipo del Ejecutivo decida seguir.
Finalmente, el debate ha abierto cuestionamientos sobre alcance y procedimientos: mientras unos buscan cambios rápidos por leyes secundarias, otros advierten que reformas constitucionales son necesarias para tocar ciertos puntos. En ese contexto, las negociaciones políticas y los cálculos sobre ahorros y alcance institucional seguirán marcando el ritmo de la discusión en los próximos días.
