La Auditoría Superior de la Federación incluyó observaciones vinculadas a instituciones de Baja California en las entregas de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, y medios locales han reportado montos pendientes de aclarar en universidades públicas, el Congreso estatal y organismos descentralizados.
Entre las entidades señaladas aparecen la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), instituciones como el Colegio de Bachilleres (COBACH) y el propio Congreso del Estado, que, según notas periodísticas basadas en los informes de la ASF, deben justificar el uso de recursos o aportar documentación complementaria.
Los señalamientos publicados por la ASF y reflejados en reportes locales describen faltas como ausencia de comprobantes en procesos de licitación, pagos posteriores a bajas de personal y aplicaciones de recursos fuera de los plazos legales; estos puntos motivaron pliegos de observaciones y acciones de seguimiento.
Las cifras reportadas varían según la fuente: una nota local consignó que la UABC tiene documentación para solventar una irregularidad por alrededor de 61 millones de pesos, otra registró más de 84 millones vinculados a varias universidades del estado, el Congreso estatal debe aclarar pagos por más de 10 millones, y al COBACH se le detectaron irregularidades por unos 2.2 millones.
Por otro lado, autoridades estatales han señalado avances en la aclaración de observaciones y han buscado minimizar el impacto mediático, indicando en comunicados posteriores que la mayoría de las observaciones están en proceso de solventación o ya fueron subsanadas en lo sustancial.
Sin embargo, las diferentes cifras y notas muestran que no hay, en los documentos públicos consultados, un único total unificado que concentre todas las observaciones para el estado en una sola cifra cerrada; la fiscalización de la ASF se publica por entregas y por auditorías individuales, por lo que los montos aparecen desagregados por entidad auditada y concepto.
En siguiente instancia, las dependencias y entes auditados cuentan con plazos legales para presentar la documentación que acredite el gasto; si no lo hacen, la ASF puede promover acciones administrativas sancionatorias y otras medidas previstas por la normativa de fiscalización. Finalmente, los ciudadanos interesados pueden revisar las auditorías individuales publicadas por la ASF para conocer los detalles y el avance en la solventación.
