Miguel Sánchez Altamirano construyó su trayectoria política en el Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza desde 2018 y asumió la presidencia municipal en 2022, primero como suplente de Emilio Montero Pérez. El 23 de septiembre de 2026 fue detenido durante un operativo coordinado por autoridades estatales y federales.
El edil, identificado también como Miguel “Quetu”, fue trasladado fuera de Oaxaca después de su captura. La detención está relacionada con una investigación por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y delitos de alto impacto; hasta el momento, se mantiene la presunción de inocencia.
De secretario particular a presidente municipal
La carrera de Sánchez comenzó en 2018, cuando se desempeñó como secretario particular de Emilio Montero Pérez, quien fue presidente municipal de Juchitán entre 2018 y 2021. Montero dejó el cargo para asumir la titularidad del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca durante el gobierno de Salomón Jara Cruz.
En 2022, Sánchez fue designado presidente municipal suplente y asumió formalmente la alcaldía tras la salida de Montero. De esta manera, permaneció al frente del gobierno municipal desde ese año y concluyó el primer periodo en 2024.
Posteriormente contendió por la presidencia municipal en las elecciones de 2024 y resultó electo para gobernar Juchitán durante el periodo 2025-2027 bajo las siglas de Morena.
Antecedentes políticos y detención
En febrero de 2022, el entonces gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, cuestionó públicamente la integración del Cabildo de Juchitán y afirmó que algunos funcionarios tenían “nombres de capos de la mafia”. En ese momento, Sánchez ya formaba parte de la estructura política municipal, aunque la declaración no constituyó una acusación formal en su contra.
La detención de septiembre de 2026 ocurrió en el contexto de investigaciones sobre grupos delictivos que operan en el Istmo de Tehuantepec. Autoridades confirmaron que el operativo contó con la participación de corporaciones estatales y federales, mientras que en Juchitán se registraron protestas y bloqueos tras la captura.
El caso permanece en manos de las autoridades ministeriales, que deberán presentar ante un juez los elementos de la investigación. La situación jurídica de Miguel Sánchez Altamirano se definirá conforme avance el proceso correspondiente.