Miguel Sánchez Altamirano, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido el miércoles 23 de septiembre durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales. El alcalde, conocido como Miguel “Quetu”, enfrenta señalamientos por presunta extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.
La detención ocurrió en el marco de la Operación Enjambre, estrategia de seguridad enfocada en investigar posibles vínculos entre funcionarios públicos y grupos delictivos. Junto con el edil también fue detenido Alberto de la Paz López, alias “La Parca”, identificado por las autoridades como un presunto integrante de una estructura criminal con presencia en el Istmo de Tehuantepec.
Señalamientos contra el alcalde
Las investigaciones relacionan a Sánchez Altamirano con la célula denominada Los Cromos, señalada como un brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación en la región. De acuerdo con los señalamientos oficiales, la estructura estaría vinculada con extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.
Las autoridades también investigan presuntos esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos delictivos. Entre las acusaciones se incluye el posible uso de recursos y capacidades municipales para alertar sobre la presencia de corporaciones de seguridad y favorecer actividades criminales.
Policías bloquearon accesos
Después de la captura, elementos de la Policía Municipal de Juchitán bloquearon accesos carreteros del municipio en un intento por impedir el traslado del alcalde y exigir su liberación. También se reportó movilización alrededor de la base aérea militar de Ciudad Ixtepec, donde inicialmente fueron llevados los detenidos.
Ante la situación, fuerzas federales reforzaron la seguridad en la zona. Posteriormente, Sánchez Altamirano y “La Parca” fueron trasladados vía aérea a la Ciudad de México para continuar con el procedimiento legal correspondiente.
Participación de fuerzas de seguridad
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y corporaciones de Oaxaca.
La Unidad de Inteligencia Financiera también realizó acciones para inmovilizar recursos y bloquear cuentas relacionadas con la investigación. Las autoridades señalaron que las diligencias continúan para identificar y detener a otras personas presuntamente involucradas.
La situación jurídica del alcalde y del segundo detenido deberá definirse conforme avance el proceso penal. Los señalamientos forman parte de una investigación en curso y no sustituyen las determinaciones de los tribunales.