El pleno de la Knesset aprobó el 30 de marzo de 2026 en Jerusalén una reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento como sanción para quienes sean condenados por asesinato calificado como acto terrorista; la iniciativa fue aprobada por 62 votos a favor y 48 en contra y contó con la presencia y el voto a favor del primer ministro Benjamin Netanyahu.
La ley atribuye, de manera general, a los tribunales militares la potestad de imponer la pena capital a palestinos residentes en Cisjordania condenados por asesinatos con motivación nacionalista, mientras que para ciudadanos israelíes el texto deja la posibilidad de aplicar cadena perpetua y exige condiciones adicionales para imponer la pena máxima. El proyecto fue impulsado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben‑Gvir, quien celebró la aprobación y defendió la medida como un elemento de disuasión.
Organizaciones de derechos humanos y grupos civiles han rechazado la reforma, calificándola de discriminatoria y preocupándose por la aplicación en el marco de los tribunales militares. Tras la votación, la Association for Civil Rights in Israel anunció recursos ante la Corte Suprema, alegando que la ley es discriminatoria y fue promulgada sin autoridad legal suficiente para su aplicación sobre la población de Cisjordania.
La aprobación se produce en medio de un amplio debate político y diplomático: gobiernos y organismos internacionales expresaron críticas previas a la votación, y organizaciones como Amnesty International habían pedido detener el avance del proyecto por los riesgos a derechos y a procesos judiciales justos. El texto establece el ahorcamiento como método de ejecución y, según los documentos presentados en el debate, no se aplicará de forma retroactiva sino solo a casos futuros.
Históricamente, Israel casi no ha ejercido la pena capital en tiempos recientes; la última ejecución de alto perfil tuvo lugar en 1962, según registros históricos citados por medios internacionales. La nueva legislación y los recursos judiciales abren una etapa de litigio y controversia que podría llevar a la Corte Suprema a pronunciarse sobre su constitucionalidad y alcance práctico.
En lo inmediato, la implementación de la norma dependerá de decisiones judiciales y administrativas adicionales, y de posibles acciones legales nacionales e internacionales que buscan suspender o anular su aplicación en casos concretos.
