Una jueza federal en Boston ordenó al gobierno restablecer el estatus de libertad condicional de miles de migrantes a quienes se les permitió entrar y permanecer temporalmente en Estados Unidos tras usar la aplicación CBP One.
La decisión, dictada por la jueza Allison D. Burroughs, siguió a una demanda colectiva que impugnó la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de abril de 2025, cuando la agencia envió correos masivos a personas admitidas mediante la app notificando que “era hora de que abandonaran Estados Unidos”.
En su fallo, la magistrada concluyó que la terminación masiva del estatus de parole fue ilegal porque la agencia no determinó que se hubieran cumplido los fines de esa autorización antes de cancelarla, según la exposición de motivos incluida en la resolución.
Hasta 900,000 personas fueron admitidas mediante el sistema vinculado a CBP One, que permitía concertar citas en puntos de entrada y a muchas de ellas se les había otorgado permiso de trabajo junto con la libertad condicional; no está claro cuántas conservaron otro estatus o ya fueron deportadas.
Organizaciones que presentaron la demanda, entre ellas grupos legales que representaron a migrantes de Venezuela, Cuba y Haití, celebraron el fallo. Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó que la decisión rechaza “una política dañina y desestabilizadora” y subrayó que los demandantes “siguieron la ley: esperaron, se registraron, fueron inspeccionados y se les concedió parole conforme a la normativa”.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió en un comunicado que la administración tenía autoridad para revocar la libertad condicional y criticó el fallo como “activismo judicial descarado”, defendiendo que la cancelación fue parte de medidas para “asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional”, según declaraciones recogidas por medios que cubrieron la resolución.
El fallo se enmarca en una serie de litigios que cuestionan decisiones administrativas sobre estatus migratorio tomadas tras el cambio de administración; analistas legales y las propias partes señalaron que la decisión puede ser apelada por el gobierno, por lo que su aplicación podría quedar sujet a procesos judiciales adicionales.
En síntesis, la orden de Burroughs obliga al DHS a restablecer los permisos de parole terminados en 2025 para las personas admitidas mediante CBP One, señalando fallas en el procedimiento administrativo de la agencia y abriendo la puerta a nuevas impugnaciones legales y posibles apelaciones por parte del Departamento de Justicia.
