Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles manifestaron su rechazo a la reciente reinterpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que presentó el Gobierno de México, y exigieron claridad sobre cómo se llegó a una nueva clasificación de los casos.
La controversia surge mientras el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activó, en abril de 2025, el procedimiento previsto por el artículo 34 de la Convención para recabar información sobre la situación de las desapariciones en México; organizaciones internacionales como Amnistía Internacional han señalado la importancia de que el Estado rinda cuentas ante ese mecanismo.
El desglose oficial presentado por la Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) sitúa en 132,534 el total de registros históricos; de ese universo, las autoridades afirmaron que 40,308 registros muestran alguna «actividad» posterior al reporte de desaparición (por ejemplo, trámites registrales o vacunaciones), 46,742 casos carecerían de datos suficientes para su búsqueda y 43,128 corresponderían a personas sin actividad y con datos completos para la búsqueda.
Colectivos consultados por medios locales cuestionaron la metodología y advirtieron que la separación de casos por «actividad» o por registros incompletos no resuelve la ausencia de investigaciones efectivas. En el desglose oficial, además, se señaló que 2,356 registros corresponden a desapariciones de décadas pasadas y que, de los 43,128 casos sin actividad, solo 3,869 tienen carpetas de investigación abiertas en fiscalías.
Organizaciones civiles y familiares de víctimas han pedido —según reportes periodísticos— que las autoridades públicas expliquen los criterios aplicados, que se garantice la apertura de carpetas y que exista acceso público a las bases de datos para la verificación. A su vez, actores internacionales han enfatizado que el procedimiento del CED busca determinar si las desapariciones en México se producen de manera generalizada o sistemática, lo que tendría implicaciones sobre obligaciones internacionales del Estado.
El debate público mantiene la exigencia de las colectivas por políticas de búsqueda integrales y mecanismos que permitan a las familias acceder a la verdad y a la justicia. El seguimiento del procedimiento del CED y la publicación de sus conclusiones son vistos por observadores y organizaciones como pasos claves para evaluar responsabilidades y avanzar en medidas de reparación y prevención.
Los hechos y cifras citados en este texto se fundamentan en la cobertura periodística y en comunicados de organizaciones internacionales que han documentado la activación del procedimiento y la presentación gubernamental del desglose del registro.
