Un juez federal en Boston emitió una orden que suspende temporalmente la obligación del Gobierno de Donald Trump de exigir a las instituciones de educación superior que recopilen y entreguen datos desagregados por raza y sexo para demostrar que no consideran la raza en sus procesos de admisión.
La medida, dictada por el juez F. Dennis Saylor IV, responde a una demanda presentada por una coalición de 17 fiscales generales estatales que alegaron que el nuevo requisito se impuso de forma apresurada y sin el debido proceso de notificación y comentarios administrativos. El fallo aplica, por ahora, a las universidades públicas en los estados demandantes mientras el tribunal decide sobre una posible orden preliminar más amplia.
La iniciativa del Ejecutivo exigía que el National Center for Education Statistics (NCES) recolectara información detallada, incluyendo raza, sexo, promedios y puntajes, con reporte retroactivo para varios años, y fijó plazos breves para el cumplimiento. Las autoridades estatales sostuvieron que ese calendario impidió interacciones significativas entre las instituciones y el NCES para resolver problemas prácticos y de privacidad.
En los escritos ante la corte, el Departamento de Educación defendió la medida argumentando que los contribuyentes merecen transparencia sobre cómo se gastan fondos federales y que los datos ayudarían a identificar prácticas de admisión ilegales. El Gobierno también indicó que, ante incumplimientos, la secretaria de Educación podría tomar acciones en virtud del Título IV de la Higher Education Act.
El proceso judicial ha incluido decisiones intermedias que extendieron el plazo original para ciertas instituciones; el tribunal también ha permitido prórrogas y ha limitado temporalmente la obligación a las instituciones públicas de los estados demandantes mientras se resuelven los argumentos sobre la legalidad del nuevo requerimiento.
El fallo no resuelve de fondo la disputa sobre la autoridad para recopilar estos datos ni sobre las implicaciones para universidades privadas o instituciones fuera de los estados que presentaron la demanda; el tribunal continuará analizando los reclamos y las partes podrán presentar pruebas y argumentos adicionales antes de que se emita una decisión definitiva.
