El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025, que incluyen un diagnóstico detallado de los 125 juzgados cívicos municipales del Estado de México y su capacidad operativa.
Según el informe, 65 municipios del Estado de México cuentan con un espacio para realizar la evaluación médica de las probables personas infractoras y 61 disponen de un espacio para realizar evaluación psicosocial. El documento también registra que la entidad mexiquense dispone de 325 celdas para ejecutar detenciones y/o arrestos vinculados a la función de justicia cívica y que hay 229 personas que desempeñan funciones de juzgadoras cívicas en los municipios.
En materia presupuestal, el censo indica que, a nivel nacional, los espacios de justicia cívica ejercieron en 2024 un presupuesto de 2 mil 529 millones de pesos; de ese total, el Estado de México concentró 49% del recurso, equivalente a mil 239.2 millones de pesos.
El informe detalla además la infraestructura interna de los juzgados: 122 juzgados municipales cuentan con oficinas para el personal, 113 con espacios de atención al público, 77 con áreas de registro de probables infractores y 83 con áreas de resguardo de pertenencias. Complementariamente, 86 municipios tienen un área de resguardo para infractores menores de edad hasta la llegada de padres o tutores, 81 cuentan con salas de mediación y 71 con salas de audiencias públicas.
El censo registra 47 personas infractoras fallecidas en 2024 a nivel nacional; en la entidad mexiquense se reportan dos casos registrados como suicidio en los municipios de Chalco y Otumba.
Las faltas cívicas más frecuentes que documenta el censo incluyen ingerir o consumir bebidas alcohólicas en la vía o en lugares públicos, generar escándalos o ruidos que atenten contra la tranquilidad o salud de las personas, conducir vehículos en estado de ebriedad o drogado y molestar a las personas y/o a sus bienes por estar en estado inconveniente. En menor medida figuran actos como alterar el orden en espectáculos o eventos deportivos, orinar en lugares no permitidos e insultar, agredir, intimidar o incitar a la violencia contra la autoridad.
El informe también identifica municipios con rezagos en la implementación de la justicia cívica y aquellos para los que no se registró información en el censo. Entre los municipios más rezagados en infraestructura y servicios figuran Donato Guerra, Isidro Fabela, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, San Simón de Guerrero, Tonatico y Villa del Carbón. En siete municipios no se registró información: Chimalhuacán, Huehuetoca, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Soyaniquilpan, Tequixquiac y Texcaltitlán.
Finalmente, el censo ofrece datos operativos sobre procedimientos: la entidad reporta 141,349 procedimientos administrativos procedentes y 141,820 procedimientos determinados, cifras que aportan una medida de la carga de trabajo en los juzgados cívicos municipales.
