Estados Unidos manifestó respaldo a Panamá tras un aumento de inspecciones y retenciones de buques con pabellón panameño en puertos de China, medida que siguió a la decisión de la Corte Suprema de Panamá a fines de enero de 2026 de declarar inconstitucional la concesión que operaba los terminales de Balboa y Cristóbal.
La anulación judicial, dictada a finales de enero de 2026, llevó al Estado panameño a asumir el control temporal de las terminales y a designar operadores interinos para mantener la operatividad, según reportes sobre la reanudación parcial de actividades portuarias y la entrada de APM Terminals (Maersk) y Terminal Investment Limited (MSC) como administradores provisionales.
En reacción a lo anterior, autoridades chinas intensificaron inspecciones a embarcaciones registradas en Panamá; diversos reportes de la prensa marítima y de organizaciones sectoriales documentaron un notable incremento en controles y demoras en puertos chinos durante las semanas posteriores.
El presidente de la Federal Maritime Commission (FMC), en un comunicado público, advirtió que las detenciones o demoras de buques “socavan la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales” y señaló que tales acciones son “inconsistentes con el mandato de la Comisión para proteger la fiabilidad e integridad de la cadena de suministro global”.
El aumento de controles también motivó reclamaciones legales: la sociedad vinculada al operador hongkonés afectado anunció demandas por miles de millones de dólares por la pérdida de las concesiones, en un proceso que suma tensiones legales y diplomáticas entre las partes involucradas.
Analistas y fuentes del sector marítimo han advertido que retrasos prolongados en puertos claves pueden encarecer costos logísticos y afectar flujos de carga contenerizada, dado que una parte significativa del comercio marítimo de contenedores transita bajo pabellón panameño.
Por ahora, las autoridades internacionales y comerciales monitorean la evolución de las inspecciones y la implementación de los operadores interinos en Balboa y Cristóbal; las partes implicadas han iniciado procedimientos legales y de supervisión que podrían determinar próximos pasos y medidas de mitigación para la cadena logística.
