El Congreso de Baja California aprobó en diciembre de 2025 reformas legales que amplían la protección contra la violencia digital para cubrir contenidos generados o alterados con inteligencia artificial, conocidos como “deepfakes”. La decisión fue tomada por el pleno del poder legislativo local y busca actualizar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ante riesgos emergentes del entorno digital.
La modificación incorpora la violencia derivada del uso de tecnologías de IA dentro de las conductas que reconoce y sanciona la legislación estatal. Además, establece obligaciones para autoridades locales en materia de prevención, atención y erradicación de la violencia cibernética, con un enfoque especial en niñas, niños y adolescentes.
La reforma fue impulsada por diputadas y diputados locales que señalaron la necesidad de cerrar vacíos legales que permiten la creación y difusión de imágenes y videos sexuales no consentidos mediante herramientas digitales. En sus intervenciones se citó un estudio de monitoreo de deepfakes que documenta la alta presencia de contenido sexual no consensuado en este tipo de materiales.
Los cambios concretos aprobados incluyen la ampliación de la definición de violencia digital y la inclusión de conductas derivadas del uso de IA en los marcos normativos estatales. Asimismo, el dictamen obliga a las autoridades a diseñar medidas para prevenir, atender y sancionar este tipo de agresiones en el entorno virtual.
Organizaciones y activistas que han impulsado la Ley Olimpia a nivel nacional advirtieron que, pese a los avances legislativos, las normas por sí solas no bastan para erradicar la violencia digital. En este sentido, la activista Olimpia Coral Melo declaró que “ninguna legislación es suficiente” ante la rapidez con que avanza la tecnología y la producción de materiales manipulados.
Por otra parte, el ajuste legal en Baja California se suma a iniciativas similares a nivel federal y en otras entidades que buscan tipificar y sancionar los deepfakes y la manipulación de imágenes íntimas mediante IA. Estas propuestas buscan homologar criterios y dar herramientas tanto a víctimas como a autoridades para responder con mayor rapidez y efectividad.
Finalmente, especialistas y grupos legislativos han señalado la necesidad de acompañar las reformas con protocolos de actuación, capacitación de autoridades y canales claros de denuncia para que las medidas legales se traduzcan en protección real para las personas afectadas.
