El viernes 27 de marzo de 2026, la Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el proyecto de ley que el Senado había aprobado horas antes para financiar la mayor parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y el presidente Donald Trump anunció que firmaría una orden ejecutiva para reanudar los pagos a empleados, en particular al personal de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
El texto del Senado proponía financiar agencias como la TSA, la Guardia Costera y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), pero excluía la financiación para los servicios de inmigración y control fronterizo (ICE y CBP), lo que generó rechazo tanto de republicanos como de demócratas por distintos motivos.
Legisladores conservadores de la Cámara expresaron su oposición a aprobar un acuerdo que no incluyera fondos para el control migratorio, por lo que la bancada republicana optó por no respaldar el proyecto remitido por el Senado y planteó alternativas de financiamiento propias.
La disputa provocó efectos operativos en aeropuertos y agencias: se reportaron altas tasas de ausentismo entre trabajadores de la TSA, con filas y demoras prolongadas en varios aeropuertos, y sindicatos y líderes legislativos manifestaron preocupación por la continuidad de servicios esenciales.
Ante la paralización en el Capitolio, la Casa Blanca dijo que el presidente firmaría una orden para autorizar pagos inmediatos a agentes de la TSA; sin embargo, persiste la incertidumbre sobre el financiamiento de otras divisiones del DHS y no está claro cuándo la Cámara volverá a considerar una solución legislativa integral.
