El 10 de marzo fue localizado sin vida el menor Eithan Daniel; la Fiscalía de la Zona Norte de Ciudad Juárez formuló imputaciones por homicidio agravado contra su madre y el hombre señalado como su pareja, y en audiencias posteriores se determinó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados.
Las indagatorias, según reportes locales, señalan que el cuerpo presentó huellas de violencia y que la madre habría trasladado el cadáver en una bolsa para abandonarlo en un predio en las afueras de la ciudad; las autoridades aíslan y presentan pruebas en la carpeta de investigación.
El caso de Eithan se suma a otros incidentes reportados en las últimas semanas en los que menores han sido rescatados por vecinos o autoridades tras episodios de violencia en el hogar; varios medios locales y la autoridad especializada alertan sobre un aumento de las denuncias por maltrato infantil.
La Subprocuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Distrito Judicial Bravos, así como dependencias de asistencia social, han reportado un incremento en las quejas recibidas desde 2022, estimado en alrededor de 35% en materia de denuncias por violencia y omisión de cuidados, y atribuyen parte del crecimiento a problemas de adicción entre progenitores y a dinámicas de violencia normalizada en algunos núcleos familiares.
En la respuesta institucional participan la Fiscalía, el DIF y unidades especializadas en violencia familiar; los protocolos incluyen investigación de denuncias anónimas y actuaciones de resguardo cuando existe riesgo inminente para menores, según las notas locales que cubrieron los casos recientes.
El alza en denuncias y los hechos más graves documentados han motivado llamados a reforzar políticas públicas de prevención, atención integral a la infancia y programas de apoyo a familias con adicciones, así como a fortalecer la detección temprana por parte de la comunidad y los servicios sociales.
Ante la serie de casos, las autoridades locales continúan las investigaciones abiertas y han señalado la necesidad de colaboración entre instancias de procuración de justicia, salud y asistencia social para atender tanto las agresiones detectadas como sus causas estructurales.
