La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio sobre diversas contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), ante indicios de posibles irregularidades, conflictos de interés, colusión y triangulación de recursos. La revisión alcanza al organismo electoral, proveedores, empresas, personas servidoras públicas y organismos públicos locales electorales relacionados con los procesos señalados.
La indagatoria coloca bajo escrutinio la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE desde abril de 2023, en un momento de presión institucional y a menos de un año del inicio de los preparativos para las elecciones federales de 2027. Hasta ahora, la ASF ha informado sobre indicios y líneas de investigación, pero no ha establecido responsabilidades individuales ni conclusiones definitivas.
La investigación de la ASF
La ASF señaló que cuenta con elementos relacionados con posibles anomalías en varias contrataciones del INE. Entre las hipótesis que serán revisadas se encuentran eventuales conflictos de interés, acuerdos entre participantes de procesos de licitación y movimientos financieros que pudieran haber involucrado recursos públicos.
La investigación también contempla a empresas proveedoras y a personas vinculadas con las operaciones cuestionadas. El objetivo será determinar si los procedimientos se realizaron conforme a la normativa y si existieron mecanismos de favorecimiento, simulación de competencia o uso indebido de recursos.
Cuestionamientos a la gestión de Taddei
Desde su llegada a la presidencia del INE, Taddei ha enfrentado cuestionamientos por la forma en que fue designada, sus vínculos familiares con funcionarios de Sonora y gobiernos identificados con Morena, así como por decisiones administrativas relacionadas con contratos y nombramientos.
Otro punto de controversia se relaciona con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en octubre de 2024. La modificación amplió las facultades de la presidencia del INE para designar directamente a titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin someter todas esas decisiones a la aprobación del Consejo General.
Algunas consejerías impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral determinados nombramientos, al considerar que algunos perfiles podrían no cumplir con la experiencia requerida para los cargos. Estos desacuerdos contribuyeron a concentrar la atención en el alcance de las atribuciones de la presidencia del instituto.
La respuesta de la presidenta del INE
Taddei ha rechazado que exista favoritismo hacia empresas proveedoras y ha defendido la legalidad de los procedimientos de contratación. Además, anunció que solicitaría una nueva revisión de las licitaciones cuestionadas para esclarecer el uso de los recursos públicos.
La presidenta del INE también ha sostenido que algunos de los proveedores señalados mantenían relaciones contractuales con el instituto desde antes de su llegada al cargo. La ASF deberá establecer, con base en sus diligencias, si hubo irregularidades administrativas o responsabilidades derivadas de los procesos revisados.
Un caso bajo escrutinio antes de 2027
La investigación ocurre mientras el INE se prepara para los próximos procesos electorales y enfrenta el reto de preservar la confianza en sus decisiones administrativas. Por ahora, el caso permanece en etapa de investigación y cualquier conclusión sobre responsabilidades dependerá de los resultados formales de las autoridades fiscalizadoras.