Un informe de derechos humanos advierte que las políticas migratorias aplicadas en Estados Unidos y las medidas de seguridad previstas en las ciudades anfitrionas de Canadá y México pueden aumentar el riesgo para aficionados, periodistas, trabajadores y comunidades locales durante el Mundial 2026.
La preocupación adquiere urgencia porque el torneo se celebrará en tres países con flujos transfronterizos y porque, según datos anunciados en 2025, las autoridades federales en Estados Unidos han intensificado las detenciones y las expulsiones de personas migrantes, lo que podría coincidir con grandes desplazamientos de público y participantes.
El núcleo del señalamiento es que las prácticas de control —incluidas detenciones en espacios públicos, operaciones de acoso selectivo y procedimientos de expulsión acelerada— pueden provocar que aficionados sean detenidos, separados de sus familias o impedidos de entrar o circular en zonas donde se desarrollen partidos, con efectos desproporcionados sobre comunidades racializadas y personas en situación migratoria irregular.
Además, se advierte del riesgo de medidas de seguridad que afecten a la población más vulnerable en ciudades sede: la experiencia de eventos masivos anteriores muestra la posibilidad de desplazamiento de personas en situación de calle cuando se liberan lugares para la logística del torneo o para alojar visitantes, y esto plantea dudas sobre garantías mínimas de protección social y vivienda.
Frente a esos riesgos, las organizaciones que han documentado la situación solicitan a la entidad organizadora del torneo y a los gobiernos anfitriones que obtengan garantías vinculantes que protejan el derecho a la libertad de expresión, a la reunificación familiar, al acceso a la atención consular y a la no discriminación en controles migratorios y policiales durante el campeonato.
Entre las medidas reclamadas figuran salvaguardias claras contra la utilización de perfiles raciales o étnicos en controles, la prohibición de redadas indiscriminadas en y alrededor de sedes y zonas de afluencia, protocolos que aseguren acceso a asistencia legal y mecanismos para proteger a menores y familias mixtas que asistan a los partidos.
Las demandas también incluyen la necesidad de que la organización del torneo publique criterios y cronogramas sobre las acciones que exigirá a los países anfitriones para garantizar que la celebración no se traduzca en una erosión de derechos humanos para residentes o visitantes.
En síntesis, la advertencia subraya que, sin garantías y medidas concretas, la combinación entre políticas migratorias reforzadas y operativos de seguridad masivos tiene el potencial de convertir un evento deportivo global en un momento de riesgo para sectores ya vulnerables; por ello se insta a respuestas públicas y vinculantes antes del inicio del torneo.
