La revocación de la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en el caso más reciente de una serie de cancelaciones y restricciones migratorias aplicadas por Estados Unidos durante la segunda administración de Donald Trump. La medida fue informada por el propio político mexicano, quien la calificó como una decisión política y propagandística.
La presidenta Claudia Sheinbaum también cuestionó la decisión y consideró que tiene un sentido político e implica una posible injerencia en la vida pública de México. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha difundido públicamente la razón específica por la que fue revocada la visa de López Beltrán.
Una medida que se repite contra figuras extranjeras
El caso mexicano se suma a otros episodios registrados desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Entre ellos se encuentran las revocaciones o restricciones de visas contra el entonces presidente colombiano Gustavo Petro, el juez brasileño Alexandre de Moraes y funcionarios de Costa Rica, así como medidas dirigidas contra autoridades de Brasil, Cuba, Venezuela y Argentina.
En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció la revocación de la visa de Petro después de una protesta pública en Nueva York. En julio del mismo año, Estados Unidos aplicó una medida similar contra De Moraes y sus familiares directos, en el contexto de las acusaciones del gobierno estadounidense contra el magistrado brasileño por sus actuaciones frente al expresidente Jair Bolsonaro.
También se reportaron cancelaciones de visas para legisladores, magistrados, empresarios y directivos de medios de comunicación costarricenses críticos del entonces presidente Rodrigo Chaves. En 2025, la medida alcanzó al expresidente Óscar Arias, ganador del Premio Nobel de la Paz, y a su hermano Rodrigo Arias.
Estados Unidos defiende las revocaciones por seguridad
El Departamento de Estado sostiene que las visas pueden ser revocadas cuando sus titulares incumplen las condiciones migratorias, infringen la ley o representan una amenaza para la seguridad nacional. La dependencia también ha ampliado durante 2026 las restricciones de emisión y entrada para ciudadanos de distintos países mediante medidas relacionadas con seguridad, migración y revisión de antecedentes.
Sin embargo, en los casos de figuras políticas extranjeras, las decisiones han generado cuestionamientos sobre el uso de las facultades migratorias como instrumento de presión diplomática. La falta de explicaciones públicas detalladas en algunos expedientes ha alimentado las críticas de los afectados y de gobiernos que consideran que las medidas rebasan el ámbito consular.
En el caso de López Beltrán, la controversia se mantiene abierta. El político pidió directamente a Donald Trump revisar la decisión, mientras el gobierno mexicano ha señalado que la cancelación de una visa no constituye por sí misma una acusación penal ni obliga a iniciar una investigación en México.