La violencia contra periodistas persiste en México, donde durante 2026 se documentaron los asesinatos de Josué Martínez Contreras, Francisco Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga Rosas, además de amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información.
El informe sobre libertad de expresión también advirtió que algunas medidas legales pueden limitar el ejercicio periodístico. Entre los casos señalados se encuentra una reforma aprobada en San Luis Potosí y posteriormente derogada, así como nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias que generaron críticas por posibles interferencias en la libertad editorial.
Tres asesinatos registrados durante 2026
Josué Martínez Contreras, director del medio digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado el 16 de julio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. También era abogado y maestro, y era conocido como Josué Mac o “El Jaguar”.
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista de un portal digital, fue asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla, Oaxaca. Sus publicaciones abordaban la política local, hechos de violencia y presuntos vínculos entre el crimen organizado y actores políticos.
Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido, fue asesinado el 29 de agosto en el municipio de Tehuitzingo, Puebla. Había denunciado amenazas en mayo, después de publicar imágenes, información sobre asuntos locales y críticas a la administración municipal.
Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa reclamaron investigaciones exhaustivas que mantengan abiertas todas las líneas de investigación y que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes. En otros tres asesinatos mencionados en el informe no se identificaron indicios de relación con el trabajo de las víctimas.
Amenazas, agresiones y presiones para retirar información
El reporte también registró amenazas de muerte y agresiones contra periodistas durante coberturas. En Tamaulipas, dos comunicadores denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar imágenes relacionadas con un presunto derrame de petróleo.
La impunidad fue señalada como uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano. La falta de esclarecimiento y sanción de los ataques puede aumentar la vulnerabilidad de quienes cubren temas de seguridad, corrupción y asuntos de interés público.
Cuestionamientos a medidas legales
Entre las preocupaciones se encuentra la denominada Ley Serrano, una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que establecía penas de hasta seis años de prisión por utilizar inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones. La norma fue cuestionada por organizaciones de derechos humanos y derogada por el Congreso estatal en julio de 2026.
El informe indicó que la legislación derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo. También recogió críticas a los lineamientos sobre derechos de las audiencias aprobados en agosto, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esas disposiciones constituyeran censura.
De acuerdo con la clasificación mundial de libertad de prensa citada en el reporte, México ocupa el lugar 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad. El panorama descrito mantiene como retos centrales la protección de los comunicadores, la investigación de los ataques y la defensa de la independencia editorial.