La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la reforma conocida como “Ley Antimemes” prohíba los memes o la crítica, luego de que el Senado aprobara modificaciones a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y al Código Penal Federal. Durante su conferencia matutina del jueves 1 de octubre de 2026, explicó que el objetivo es proteger los derechos de autor, combatir la piratería y sancionar fraudes cometidos mediante el uso indebido de identidades institucionales.
Sheinbaum sostuvo que la llamada “Ley Antimemes” no contiene una prohibición contra los memes. La mandataria señaló que la reforma busca defender a los autores y establecer herramientas jurídicas frente a conductas que pueden inducir a las personas al engaño.
Como ejemplo, mencionó el uso de su imagen en redes sociales para promover supuestas inversiones y pedir dinero a usuarios. De acuerdo con la presidenta, este tipo de prácticas puede constituir un fraude y requiere mecanismos para sancionar a los responsables y, cuando corresponda, devolver los recursos a las personas afectadas.
Qué conducta contempla la reforma
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, afirmó que la reforma no regula las críticas, los memes ni la sátira. Explicó que uno de los cambios se relaciona con el uso, reproducción o imitación, a escala comercial, de la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o documentos oficiales para hacer creer que una comunicación, plataforma o servicio proviene de una institución pública y utilizarlo con la intención de cometer un ilícito.
La disposición contempla penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización, cuando se utilicen elementos oficiales para inducir al error o al engaño sobre el origen de una comunicación o actuación atribuible a una institución pública.
Senado aprobó el dictamen
El Senado aprobó el 30 de septiembre el dictamen con 72 votos a favor y 34 en contra. La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
El debate generó críticas de legisladores de oposición, quienes advirtieron posibles riesgos para la libertad de expresión y cuestionaron el alcance de las disposiciones sobre identidad gráfica institucional. La mayoría legislativa sostuvo que el propósito central es combatir la piratería, proteger la propiedad intelectual y evitar fraudes que utilicen símbolos o documentos oficiales.