En enero de 2026 se abrió una polémica pública por la compra y posterior devolución o reasignación de camionetas blindadas vinculadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo públicas sus solicitudes de información y sus observaciones en días de la última semana de enero (23–26 de enero de 2026), y la Corte respondió explicando motivos de seguridad institucional y políticas de austeridad.
Los reportes periodísticos y comunicados oficiales indican que, en 2025, la Corte realizó una renovación del parque vehicular que incluyó unidades con blindaje; medios registraron la cifra de 43 vehículos blindados asociados a procesos de compra y regularización durante 2025. Posteriormente la Mesa de la Corte informó que algunas de las unidades recién adquiridas no serían utilizadas por los ministros y se procedería a devolverlas o reasignarlas a juzgadores con perfiles de riesgo más altos.
Desde la Presidencia, Claudia Sheinbaum comentó públicamente que la medida de devolver unidades era consistente con una visión de austeridad. En su conferencia mañanera del 23 de enero de 2026 Sheinbaum afirmó que la compra permitía un ahorro en comparación con el esquema anterior y señaló que la solicitud de información se realizó a través de la Secretaría de Gobernación para conocer detalles de la adquisición y la asignación de las unidades.
Por su parte, el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz, y autoridades del Órgano de Administración Judicial explicaron que las decisiones obedecieron a criterios de seguridad institucional, así como a evaluaciones técnicas sobre el estado de las unidades que reemplazaban a vehículos arrendados. En comunicados la Corte defendió que “seguridad no implica lujo” al justificar la adquisición y la posterior revisión de uso.
Además de los argumentos oficiales sobre seguridad y eficiencia, la discusión puso en primer plano demandas de transparencia. Analistas y sectores de la opinión pública reclamaron conocer el costo de las compras, los criterios de asignación y los montos comparativos con los contratos de arrendamiento anteriores, para evaluar la congruencia entre la política de austeridad y la adquisición de unidades blindadas.
Finalmente, los elementos verificados en fuentes públicas muestran dos puntos claros: la Corte realizó una renovación del parque vehicular con unidades blindadas en 2025 y, entre el 23 y 26 de enero de 2026, se anunció que algunas unidades no serían usadas por ministros y serían devueltas o reasignadas; la Presidencia solicitó información formal y valoró positivamente la decisión en sentido de austeridad.
Limitaciones: no se localizaron fuentes públicas que confirmen otras cifras o afirmaciones específicas que han circulado en redes sobre “151 vehículos” o una reserva de información por cinco años sobre estos expedientes. Por ello, este texto se atiene sólo a lo que reportaron comunicados oficiales y notas periodísticas verificadas.
