El gobierno de México publicó el 23 de septiembre de 2024 un decreto que declara como Área Natural Protegida una extensa porción de litoral y terrenos en Quintana Roo que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera Sac Tun, propiedades vinculadas a la empresa estadounidense Vulcan Materials.
La decisión afectó operaciones de la filial mexicana de Vulcan y fue impugnada por la compañía, que ha rechazado la medida y ha señalado que recurrirá a recursos legales en foros nacionales e internacionales; en sus documentos corporativos la firma enumera la disputa entre sus asuntos legales y reclama la protección de sus derechos conforme a tratados comerciales.
La disputa es parte de un conflicto más amplio que incluye incidentes previos: en marzo de 2023 fuerzas mexicanas tomaron control de instalaciones portuarias vinculadas a la empresa, y desde entonces Vulcan ha sostenido que sus concesiones y permisos estaban vigentes y que la acción representa una escalada en la controversia.
Legisladores y funcionarios estadounidenses han reaccionado públicamente desde distintas tribunas, emitiendo comunicados y proponiendo medidas para proteger activos estadounidenses en el extranjero; en el ámbito del Congreso y de senadores se han planteado iniciativas y advertencias que buscan presionar a México y ofrecer herramientas de respuesta a supuestos actos de expropiación.
Vulcan ha manifestado en sus reportes y comunicados corporativos que valora sus activos en disputa en miles de millones de dólares y que agotará las vías legales disponibles, incluida la reclamación bajo mecanismos comerciales internacionales. Por su parte, autoridades mexicanas han defendido la competencia del Estado para declarar áreas protegidas con base en criterios ambientales.
La controversia mantiene abierta la vía judicial y diplomática: las partes enfrentan procedimientos y comunicaciones bilaterales mientras persisten interrogantes sobre compensaciones, el estatus de concesiones vigentes y las repercusiones para la inversión extranjera en México.
