La senadora Paloma Sánchez Ramos afirmó que la confrontación entre las facciones denominadas La Chapiza y La Mayiza ha provocado un impacto directo en la economía de Sinaloa, con comercio cerrado, empleos perdidos y daños financieros significativos.
La legisladora presentó cifras públicas que resumen la magnitud del problema: más de dos mil homicidios, casi dos mil personas desaparecidas, miles de víctimas directas por delitos, y pérdidas económicas que las autoridades y actores locales han cuantificado en decenas de miles de millones de pesos; en ese balance también se consignan miles de empleos perdidos y al menos dos mil negocios cerrados.
El clima de violencia ha incluido extorsiones, privaciones de la libertad y homicidios de propietarios y comerciantes. Un caso reciente señalado en medios locales es el de Rafael Tirado Lizárraga, propietario de Frutería Alicia en Mazatlán, quien fue privado de la libertad y posteriormente localizado sin vida a finales de marzo de 2026.
La senadora ha responsabilizado a las autoridades estatales por la falta de control y ha exigido medidas concretas para proteger a la población y al sector productivo; en ruedas de prensa ha pedido mayor responsabilidad y rendición de cuentas por parte del gobierno local.
Medios regionales han reportado además afectaciones puntuales al comercio de Culiacán: en los primeros tres meses de 2026 se registraron cierres de decenas de comercios, concentrados en el centro de la ciudad, lo que agrava la pérdida de ingresos para familias y trabajadores.
Analistas y representantes empresariales advierten que la persistencia de la violencia puede erosionar cadenas de suministro, inversión y empleo en sectores clave del estado. Queda pendiente una respuesta coordinada y verificable por parte de las autoridades estatales y federales para mitigar el daño económico y restaurar condiciones de seguridad.
