El Senado de la República aprobó en el pleno esta semana un paquete de reformas para incorporar la igualdad salarial al marco legal y establecer que recibir un salario menor por realizar el mismo trabajo que un hombre, dentro del mismo centro laboral, se considera violencia laboral. La iniciativa fue discutida y votada en el Pleno del Senado y, tras su aval, fue remitida a la Cámara de Diputados para su análisis y posible aprobación. La medida busca cerrar la brecha retributiva de género y dar herramientas a las autoridades laborales para supervisar su cumplimiento.
La reforma modifica, entre otras disposiciones, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para incluir como forma de violencia laboral la desigualdad salarial por género. Además, el dictamen contempla cambios orientados a reforzar la fiscalización en centros de trabajo y vincular medidas administrativas que permitan detectar y corregir diferencias salariales injustificadas.
En el debate legislativo el proyecto recibió apoyo amplio en el Senado; el dictamen fue aprobado por el Pleno y turnado a San Lázaro para sus efectos constitucionales. Desde la Presidencia de la Comisión de Trabajo y Previsión Social se ha señalado que la reforma es coherente con la agenda de igualdad sustantiva y que permitirá a la autoridad laboral realizar inspecciones focalizadas en la brecha salarial.
“Hoy vivimos tiempos extraordinarios en la vida pública de México, y por primera vez en la historia tenemos al frente del país a una mujer presidenta, lo que representa no solo un hecho histórico, sino expresa una nueva etapa de construcción de derechos en la que la igualdad sea una realidad”, dijo la bancada que presentó la iniciativa en el marco del debate en el Senado. El pronunciamiento se usó para subrayar el carácter simbólico y práctico de las reformas.
Los antecedentes legislativos muestran esfuerzos previos para sancionar la desigualdad retributiva. Propuestas y dictámenes anteriores han planteado sanciones económicas y la obligación de auditorías salariales y tabuladores con perspectiva de género. No obstante, las cifras reportadas sobre montos de multa varían según la iniciativa consultada; por ejemplo, versiones previas consideraron multas en rangos que han sido estimados hasta aproximadamente 542,850 pesos en algunas propuestas, mientras que otras referencias legislativas previas usan múltiplos de la UMA para fijar sanciones administrativas.
Cabe señalar que las estimaciones sobre la amplitud de la brecha salarial en México difieren entre fuentes oficiales y análisis independientes. Algunos documentos parlamentarios y órganos técnicos han reportado cifras que van desde alrededor de un 13–16% hasta porcentajes mayores según la metodología y la población analizada. Por ese motivo, la reforma apuesta a mecanismos de transparencia y supervisión para generar datos comparables y facilitar la corrección de prácticas discriminatorias.
Finalmente, si la Cámara de Diputados aprueba el dictamen en los términos enviados por el Senado, la norma pasará al Ejecutivo para su promulgación y posterior publicación. De concretarse, la reforma ampliará las herramientas legales para combatir la discriminación salarial por género y ordenará a autoridades y empleadores adoptar medidas para garantizar remuneraciones iguales por trabajo de igual valor.
