El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, expresó su rechazo al llamado “Plan B” de reforma y advirtió que sus disposiciones pueden afectar la organización de congresos estatales, auditorías locales y gobiernos municipales, así como a pueblos originarios cuyo régimen interno se rige por usos y costumbres.
Moreira señaló que en reformas que inciden en derechos colectivos debe realizarse la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas y afirmó: “No se hizo consulta a los pueblos originarios” cuando se modifican derechos sobre sus tierras y recursos, argumento que ha repetido en debates legislativos recientes.
En su intervención criticó aspectos técnicos del proyecto y planteó dudas sobre la coincidencia de ejercicios de participación ciudadana con elecciones locales, lo que, dijo, podría generar efectos sobre la gobernabilidad y la imparcialidad en procesos electorales.
Ante la ausencia de consulta a pueblos originarios en procesos legislativos previos, Moreira y su bancada han solicitado la suspensión temporal de discusiones para garantizar la deliberación y la protección de derechos; en ese contexto el uso de recursos parlamentarios como las mociones suspensivas ha sido planteado como una herramienta para exigir consultas o para reorientar la agenda legislativa.
El debate sobre el “Plan B” forma parte de la discusión más amplia sobre reformas enviadas desde el Ejecutivo y su tramitación en el Congreso, donde la decisión final dependerá de las mayorías y de la ruta de trabajo que acuerden las mesas y comisiones parlamentarias.
En el escenario político, el reclamo por consultas a pueblos originarios y la advertencia sobre efectos en gobiernos locales añaden otro eje de conflicto entre bancadas que podría condicionar el ritmo y el contenido de la discusión legislativa.
