El fiscal general del estado de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia el 27 de abril de 2026, en medio de la polémica generada por un operativo en la Sierra Tarahumara donde murieron cuatro personas, entre ellas ciudadanos vinculados a agencias de inteligencia de Estados Unidos, y donde se investigó la participación de personal extranjero en el desmantelamiento de un narcolaboratorio.
El gobierno federal y la Fiscalía estatal abrieron indagatorias para esclarecer por qué presuntos agentes extranjeros participaron en la acción y si su presencia fue reportada a las autoridades correspondientes. La investigación y la falta de claridad sobre autorizaciones y acreditaciones generaron presión política sobre las autoridades estatales.
En paralelo, la administración estadounidense ha manifestado su intención de intensificar acciones públicas contra políticos con presuntos actos de corrupción, observación que en el debate público mexicano ha sido recibida entre críticas y llamadas a investigar casos de enriquecimiento inexplicado.
La controversia ha elevado el tono político: legisladores propusieron convocatorias y comparecencias para aclarar responsabilidades, y la gobernadora de Chihuahua ha defendido a su equipo mientras las investigaciones avanzan. Autoridades federales reiteraron la necesidad de esclarecer los hechos para evitar afectaciones a la soberanía y la coordinación en materia de seguridad.
La renuncia de Jáuregui se suma a una ola de escrutinio público sobre operaciones de seguridad y cooperación internacional que, según analistas, podría tener implicaciones en la relación bilateral entre México y Estados Unidos y en la percepción pública sobre la transparencia en la actuación de autoridades locales.
Las indagatorias continúan abiertas; autoridades y organismos competentes siguen reuniendo evidencias y documentación para determinar responsabilidades y los alcances legales de la participación de personal extranjero en operativos dentro del territorio mexicano.
