La Presidencia presentó una iniciativa de reforma electoral el 4 de marzo de 2026 que propone reducir el financiamiento público a los partidos y modificar la asignación de escaños plurinominales, mientras en Baja California el Instituto Estatal Electoral (IEEBC) aprobó 156.691.865,45 pesos para el sostenimiento de los partidos en 2026 y existen impugnaciones pendientes. La propuesta nacional busca disminuir la fórmula que calcula las prerrogativas y eliminar 32 senadurías de representación proporcional; el proceso está en manos del Congreso y ha abierto un debate político inmediato. A nivel local, el monto aprobado por el IEEBC incluye una mayor partida para actividades ordinarias y topes a las aportaciones privadas; partidos y defensores de la representación proporcional ya han expresado su desacuerdo.
La iniciativa presidencial plantea cambiar la fórmula que define el financiamiento público nacional, reduciendo el factor aplicado al valor diario de la UMA del 65% al 48.75%, lo que, según el propio texto, haría pasar la bolsa nacional de prerrogativas de aproximadamente 7,700 millones de pesos a cerca de 5,497 millones. Asimismo, propone eliminar 32 senadores plurinominales y redefinir la forma en que se integran las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados.
En Baja California, la Comisión del Régimen de Partidos del IEEBC aprobó en 2025 un paquete de financiamiento para 2026 por 156.691.865,45 pesos, de los cuales 152.128.024,70 se destinaron al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y 4.563.840,74 a actividades específicas. Ese acuerdo también fijó límites a las aportaciones de militantes y simpatizantes para el ciclo electoral.
La asignación local ya enfrentó objeciones: partidos anunciaron recursos legales y el propio consejo del IEEBC ha señalado que está a la espera de resoluciones sobre impugnaciones. Además, legisladores y partidos nacionales han manifestado postura frente a la reforma; por ejemplo, senadores del Partido Verde han advertido que no apoyarán una reducción de los escaños plurinominales porque, dicen, podría afectar la representación de minorías y el equilibrio democrático.
El choque entre la propuesta nacional y las decisiones locales ha generado dos frentes: por un lado, el diseño constitucional y de la ley secundaria que propone la Presidencia y, por otro, las disposiciones ya adoptadas por organismos locales como el IEEBC. Esto ha llevado a advertencias sobre la necesidad de revisar reglas de financiamiento y representación, así como a contestaciones jurídicas por parte de actores locales.
Finalmente, el debate continuará en el Congreso y ante tribunales electorales; mientras tanto, los partidos de Baja California siguen pendientes de las resoluciones y del eventual cambio de la normativa nacional que, de aprobarse, modificaría la base de cálculo de las prerrogativas y la configuración de curules de representación proporcional.
