La Cámara de Diputados rechazó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 11 de marzo de 2026; la votación quedó 259 a favor, 234 en contra y una abstención, según la Gaceta Parlamentaria.
El rechazo marcó un punto de inflexión: la falta de mayoría calificada en San Lázaro dejó sin efecto la propuesta original y obligó al Ejecutivo a presentar una versión recortada, el llamado “Plan B”, que prioriza límites presupuestales y ajustes administrativos antes que cambios estructurales al sistema de representación.
La iniciativa original incluía propuestas más profundas —entre ellas la eliminación de 32 senadurías plurinominales, modificaciones al reparto de 200 diputaciones de representación proporcional y una reducción del financiamiento público a los partidos—; esos puntos fueron los que generaron resistencia en aliados y opositores durante la discusión en la Cámara de Diputados.
Tras el rechazo, el Gobierno presentó el “Plan B”, que fue ingresado al Senado en la semana siguiente y recibió discusión en comisiones. Ese texto se concentró en recortes de privilegios y gasto: topes al presupuesto de congresos locales, reducción de regidurías municipales y medidas para contener remuneraciones de altos funcionarios, además de otros ajustes a la normatividad electoral.
El Senado avaló en lo general la versión recortada el 25 de marzo, con el respaldo de un bloque integrado por Morena y sus aliados en la Cámara alta; fuentes periodísticas registraron que el bloque sumó 87 votos a favor en la votación del pleno sobre el dictamen en lo general.
En lo particular, el pleno aceptó una reserva presentada por una senadora del Partido del Trabajo que dejó fuera los cambios propuestos al artículo 35 relativos a la revocación de mandato, con lo que se descartó adelantar ese mecanismo para empatarlo con la elección federal de 2027.
La secuencia legislativa expuso fracturas al interior de la coalición gobernante: partidos aliados que en San Lázaro votaron contra la iniciativa original se alinearon en el Senado para aprobar el Plan B en lo general, aunque preservaron prerrogativas que consideraron críticas, como la defensa de reglas sobre la revocación de mandato.
La aprobación parcial en el Senado transforma el alcance inicial de la reforma: el cambio ya no aborda en la práctica la redistribución de puestos plurinominales ni un recorte integral del financiamiento partidista, y se limita a ajustes administrativos y ahorros presupuestarios que requieren aún trámite adicional para convertirse en reforma constitucional.
En términos procedimentales, cualquier reforma constitucional necesita mayoría calificada en ambas cámaras y la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales; por ahora, la versión aprobada en el Senado reduce el campo de cambio y deja abierta la pregunta sobre si la Cámara de Diputados y los congresos estatales avalarán una reforma parcial o si el proyecto volverá a reconfigurarse.
El resultado legislativo reconfigura la prioridad política de la administración y abre un periodo de negociación: el Ejecutivo y Morena deberán decidir si insisten en cambios de mayor calado, aceptan el recorte entregado por el Senado o buscan rutas alternativas para avanzar en su agenda electoral.
