El 10 de marzo de 2026 la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidencia obtuvo el visto bueno en comisiones unidas de la Cámara de Diputados, impulsada por Morena; sin embargo, las bancadas del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) votaron en contra. El avance se dio por mayoría simple en comisiones, pero el dictamen debe pasar al pleno y exige mayoría calificada para convertirse en reforma constitucional. Las bancadas críticas han argumentado reservas sobre puntos clave de la propuesta.
La aprobación en comisiones fue posible porque se requiere mayoría simple en ese capítulo del proceso legislativo, pero para cambiar la Constitución se necesitan 334 votos en el pleno. En ese escenario, Morena no alcanzaría la mayoría calificada sin el respaldo de PT y PVEM; si todos los legisladores de Morena asistieran, la bancada sumaría alrededor de 253 votos, lo que hace improbable la aprobación definitiva sin acuerdos adicionales.
La posición del PT fue de rechazo coordinado: la bancada decidió no apoyar el proyecto en bloque, según comunicados públicos de sus representantes. Por su parte, el coordinador del Partido Verde ha expuesto dudas y ha evitado un respaldo inmediato, señalando la necesidad de mayor claridad sobre el contenido de la iniciativa. En una intervención pública el coordinador del Verde dijo: “no se vale descalificar algo que creemos que va a venir, que atenta contra nosotros, o avalar algo sin siquiera tener claridad”.
Desde el oficialismo se buscó desplegar la iniciativa con plazos ajustados y garantizar su trámite legislativo; sin embargo, el rechazo de PT y PVEM aumenta la presión para negociar cambios o buscar votos en otras fuerzas. Algunos coordinadores de bancada expresaron que la discusión en el pleno podría producirse en los días siguientes, pero que, de no alcanzarse la mayoría calificada, el proyecto se desecharía.
No se encontró confirmación pública y verificada de que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) esté analizando específicamente una “reducción real en los presupuestos de gasto social de los diputados” tal como se ha planteado en versiones iniciales. Los registros oficiales y comunicados visibles en el sitio de la Cámara de Diputados muestran declaraciones de integrantes de Jucopo, incluido Ricardo Monreal, sobre la defensa de programas y el paquete económico 2026, pero no indican un acuerdo ni un estudio público que confirme el recorte referido a partidas etiquetadas como gasto social de los legisladores.
Finalmente, el avance en comisiones agudiza la negociación interna del bloque oficialista y obliga a Morena a dialogar con sus aliados o a buscar apoyos externos si pretende alcanzar la mayoría calificada. En tanto, la agenda legislativa seguirá su curso y la votación en el pleno será la instancia decisiva para el futuro de la iniciativa.
