Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, sostuvo que la discusión sobre la explotación de yacimientos no convencionales debe plantearse con una visión técnica, socioeconómica y de sustentabilidad, y que es necesaria la definición previa de reglas claras para coinversiones público‑privadas.
La advertencia de Ramírez Cuéllar coincide con un movimiento gubernamental que ha vuelto a considerar la explotación de recursos no convencionales como parte de la estrategia para aumentar la producción de hidrocarburos. El tema convoca decisiones sobre seguridad energética, dependencia de importaciones de gas y criterios de manejo ambiental y social.
Entre los puntos que, según el legislador, deben resolverse están las premisas técnicas y la protección ambiental antes de autorizar proyectos; esa postura se contrapone con la preocupación de colectivos y organizaciones ambientalistas que han rechazado la reactivación del fracking y exigen salvaguardas sobre el uso del agua y los impactos locales.
En el debate público también aparecen posiciones institucionales diferenciadas. Por un lado, hay señalizaciones sobre la necesidad de crear marcos regulatorios y reglas para coinversiones; por otro, representantes del sector señalaban limitaciones técnicas y la prudencia en torno a técnicas como la fracturación hidráulica. Asimismo, análisis del sector han puesto sobre la mesa que México tendría recursos prospectivos significativos en formaciones de geología compleja.
En la documentación pública y reportes del sector consultados aparecen estimaciones de gran potencial geológico (cifras difundidas por autoridades y análisis del sector sobre recursos prospectivos), pero no se localizó en las fuentes abiertas consultadas una verificación independiente de la cifra de 53,000 millones de pesos como contribución anual por derechos e impuestos vinculada a la explotación de yacimientos no convencionales; por tanto, esa cifra no ha sido incluida como dato confirmado en este texto.
La discusión legislativa y técnica continuará mientras el gobierno y actores privados y sociales discuten marcos normativos, requisitos operativos y mecanismos de vigilancia. El resultado definirá si la exploración en geologías complejas avanza con protocolos de protección ambiental y transparencia, o si prevalecen restricciones por riesgos hídricos y ambientales.
