El 4 de abril de 2026 la Policía de Israel dispersó por la fuerza una concentración en la Plaza Habima de Tel Aviv y detuvo al menos a diez personas; la actuación se produjo a pesar de que el Tribunal Supremo había ordenado a la Policía y al Comando del Frente Interno presentar un plan para garantizar el derecho a la protesta en el marco de las restricciones de seguridad por la guerra.
Según reportes, cerca de un millar de personas se congregaron en la plaza y la Policía, en un comunicado, indicó que desplegó fuerzas para dispersar a quienes, según sus criterios, actuaron en contravención de la decisión del Tribunal Supremo y de las directrices del Comando del Frente Interno; las fuerzas realizaron detenciones y desalojos durante la tarde.
El Tribunal Supremo celebró una audiencia extraordinaria y ordenó a la Policía y al Comando del Frente Interno presentar un plan que permitiera, en condiciones seguras, la celebración de las protestas; fuentes informaron que la policía debía remitir el borrador antes de las 11:00 hora local, mientras la mayoría de las concentraciones estaban convocadas para las 19:00.
Organizaciones de derechos civiles que llevaron la apelación ante el Supremo, entre ellas ACRI, afirmaron que el borrador del plan no fue entregado por las autoridades al Tribunal, lo que motivó críticas sobre el cumplimiento de la orden judicial y la protección del derecho de reunión.
Medios locales y agencias consignaron que en jornadas precedentes la Policía ya había intervenido en manifestaciones similares en Tel Aviv y otras ciudades, con reportes de empujones y detenciones, lo que ha generado cuestionamientos públicos y peticiones de aclaración por parte de organizaciones civiles.
Las agrupaciones convocantes y organizaciones de derechos civiles exigieron claridad sobre la implementación de la orden judicial y pidieron a las autoridades garantizar el ejercicio del derecho a la protesta dentro de los límites de la seguridad pública.
