Artículo 19 ha documentado un patrón de agresiones contra personas dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos; varios medios que citan a la organización señalan que, desde 2010, se han registrado 35 agresiones letales contra buscadores y buscadoras.
El caso más reciente y citado en la cobertura nacional es el de Rubí Patricia Gómez Tagle, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa, cuyo cuerpo fue localizado en Mazatlán, Sinaloa, el 27 de febrero de 2026. Autoridades locales informaron la apertura de una carpeta de investigación y la identificación de un presunto responsable.
Nut graf: La relevancia radica en que organizaciones como Artículo 19, respaldadas por reportes de derechos humanos, interpretan estos hechos como parte de un patrón que incluye amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes buscan a desaparecidos; la violencia se concentra en estados específicos y plantea preguntas sobre protección, impunidad y medidas estatales para garantizar la seguridad de las personas buscadoras.
Entre los datos que difunden organizaciones y medios se indica que, en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado agresiones múltiples contra buscadores; distintos reportes citan cifras diferentes —algunos señalan 14 agresiones en este sexenio, mientras que otras fuentes reportan números menores para el mismo periodo—, lo que evidencia variaciones en los conteos y criterios de registro entre organizaciones y medios.
Fuentes periodísticas y de derechos humanos coinciden en que los ataques se concentran en entidades como Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, y que los colectivos de búsqueda enfrentan riesgos que van desde amenazas hasta agresiones letales. Informes previos de organizaciones internacionales también han señalado la vulnerabilidad de familiares que buscan personas desaparecidas y la necesidad de medidas efectivas de protección.
En el caso de Mazatlán, la respuesta institucional incluyó la investigación por parte de la Fiscalía estatal; organizaciones civiles demandaron investigaciones exhaustivas y medidas de protección para los colectivos de búsqueda, además de señalar la persistente impunidad en muchos de estos crímenes.
Conclusión: Las cifras disponibles y la documentación de agresiones por parte de Artículo 19 y otras organizaciones muestran una tendencia preocupante que requiere investigación, protección y rendición de cuentas. La variación en los conteos públicos subraya la necesidad de registros claros y coordinación entre autoridades y colectivos para diseñar medidas que permitan a las personas buscadoras realizar su labor sin arriesgar su integridad.
