La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y dependencias de la administración capitalina llevaron a cabo operativos contra el despojo en varias alcaldías entre el 23 y el 27 de marzo, con el objetivo de atender denuncias por ingreso sin autorización, sustitución de cerraduras y ocupación irregular de inmuebles.
Las actuaciones se desarrollaron en coordinación con instancias locales encargadas de seguridad y protección social, y se dirigieron a casas, departamentos, terrenos y locales que habían sido reportados por presunta apropiación indebida o riesgo de ocupación.
No obstante, no se localizaron en las búsquedas públicas comunicados oficiales o notas en medios confiables que confirmaran de forma verificable los detalles numéricos exactos —como el conteo de restituciones, aseguramientos, entregas de menaje o acciones de resguardo jurídico— atribuidos a esos operativos entre el 23 y el 27 de marzo; por ello, esos datos específicos se omiten en este informe.
Fuentes periodísticas y reportes institucionales previos señalan que el fenómeno del despojo ha mostrado un crecimiento en la Ciudad de México en los últimos años, con determinadas alcaldías concentrando un mayor número de denuncias. Ante ese contexto, el Congreso de la Ciudad de México emitió un exhorto para prevenir y combatir el despojo y propuso mesas de trabajo con autoridades competentes, notarios y el Registro Público de la Propiedad para diseñar mecanismos de prevención y atención.
Históricamente, las diligencias para recuperar inmuebles vinculadas a denuncias por despojo han implicado la intervención coordinada de la FGJ, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y áreas de apoyo municipal, además de instancias de atención social cuando en el sitio se localiza a personas en situación de vulnerabilidad, menores o adultos mayores.
Para obtener cifras, listados de inmuebles intervenidos, o declaraciones oficiales con el detalle de resultados por alcaldía, es necesario consultar directamente los comunicados de la FGJ o las notas institucionales publicadas por las dependencias participantes. Este texto procura reflejar únicamente la información que pudo confirmarse en fuentes públicas consultadas y evita reproducir datos que no hayan sido corroborados.
