El 27 de abril de 2026, varias carreteras que conectan La Paz con otras regiones del país amanecieron cortadas por movilizaciones en protesta por la escasez y la mala calidad del combustible, además de otras demandas sectoriales que han incrementado la tensión social.
Según registros oficiales del primer trimestre de 2026, se detectaron cientos de eventos de conflictividad: la Defensoría del Pueblo reportó 176 eventos en total, de los cuales 157 eran conflictos activos, y señaló que el bloqueo fue la medida de presión más utilizada.
Las protestas confluyen con reclamos de transportistas, mineros, maestros, trabajadores de la salud y organizaciones campesinas e indígenas. Entre sus demandas principales están la reposición y mejor calidad del combustible, aumentos salariales y garantías sobre la tenencia de tierras comunitarias; algunos sectores han anunciado paros y marchas hacia la sede de gobierno.
El movimiento social ocurre en un contexto de ajustes económicos impulsados por el gobierno nacional que incluyen la eliminación de subsidios a los combustibles y recortes al gasto público, medidas que han aumentado el costo del transporte y tensionado a distintos gremios. En los últimos meses se registraron también renuncias en cargos vinculados al sector energético.
Las movilizaciones han provocado desabasto puntual y afectaciones al transporte en varias rutas, y las autoridades advierten sobre los riesgos que estas medidas de presión representan para la provisión de bienes y servicios si continúan a gran escala.
