En Bolivia, una serie de movilizaciones —entre marchas, bloqueos de carreteras y anuncios de paros— aumentó la tensión política en los últimos días de abril de 2026 (27–30 de abril), con concentraciones que confluyen hacia La Paz y El Alto.
El Ejecutivo advirtió sobre la existencia de un “proceso conspirativo” que busca generar convulsión política y negó que vaya a renunciar al mandato otorgado por las urnas, al tiempo que convocó al diálogo con los sectores movilizados. El vocero presidencial señaló que hay actores que intentan transformar reclamos sociales en una estrategia para desestabilizar al gobierno.
Los sectores convocantes incluyen a la Central Obrera Boliviana (COB), gremios del transporte, maestros urbanos, mineros y comunidades campesinas e indígenas. Las demandas son diversas: pedidos de un aumento salarial (con un reclamo explícito del 20% en algunos pliegos), quejas por la distribución y calidad de combustibles y exigencias sobre la legislación agraria en la Amazonía.
Se reportaron bloqueos en rutas hacia los Yungas y otras vías que conectan departamentos del norte paceño y la Amazonía. Autoridades advirtieron que los cortes y protestas han afectado la circulación y la distribución de combustible en puntos como El Alto y Santa Cruz.
Ante la escalada, el gobierno reiteró su disposición a dialogar pero rechazó ceder a lo que calificó de maniobras con fines políticos. Los dirigentes sindicales anunciaron concentraciones y un cabildo con motivo del Primero de Mayo, lo que pudo ampliar la movilización social en la capital y sus alrededores.
La situación mantiene incertidumbre sobre el abastecimiento local y la normalidad del transporte interdepartamental en los próximos días, mientras el Ejecutivo y los convocantes anuncian canales de diálogo y medidas de presión.
