La ministra de Sanidad, Mónica García, respondió el 1 de abril de 2026 a informaciones que atribuyen a la Administración de Estados Unidos instrucciones a su Embajada en Madrid para recabar datos sobre la eutanasia de Noelia Castillo, la joven de 25 años que recibió la prestación de ayuda para morir el pasado 26 de marzo de 2026 en España. García criticó la intromisión y defendió el funcionamiento del sistema sanitario y los procedimientos legales que dieron curso a la solicitud.
Castillo, parapléjica y con un proceso judicial que se prolongó por casi dos años, obtuvo el aval de diversas instancias judiciales y de los órganos administrativos competentes antes de que se practicara la prestación. Su caso reavivó el debate público sobre los requisitos de la ley de eutanasia y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
La información sobre una indagación por parte de la Embajada estadounidense fue difundida inicialmente por el New York Post y recogida por medios españoles. Esas fuentes señalaron que funcionarios habrían mostrado preocupación por posibles fallas en la protección de personas vulnerables y por señales de dudas en la paciente que, según el cable citado, no habrían sido atendidas.
El Gobierno español y el Ministerio de Sanidad han indicado que no han recibido una solicitud formal de información desde Estados Unidos, y medios locales señalan que no pudieron confirmar de forma independiente el contenido completo del cable citado por el diario estadounidense. Ante la difusión de las informaciones, la ministra García escribió en la red social X: “Que deje de alimentar la agenda ultra internacional metiendo sus narices en cualquier sitio”, y subrayó que España dispone de un marco legal y de comités clínicos que regulan y supervisan la prestación.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también defendió la actuación de los profesionales sanitarios implicados y anunció que se protegerá su labor frente a lo que consideró ataques malintencionados. Por su parte, la organización Abogados Cristianos anunció acciones legales contra una médica que intervino en el caso, lo que mantiene abierta una vía judicial paralela a la controversia pública.
El episodio ha vuelto a poner en primer plano interrogantes sobre la aplicación de la ley de eutanasia, el papel de las instancias de control y las posibles injerencias internacionales. A la espera de confirmación oficial sobre cualquier requerimiento exterior, las autoridades sanitarias insisten en que la prestación se realizó en el marco de los controles previstos por la normativa vigente.
