Miles de personas se manifestaron el sábado 24 de octubre de 2026 en Francia, Italia, España y Portugal contra el aumento del costo de vida, la crisis de vivienda, el deterioro de la educación y otros problemas sociales. Las movilizaciones reunieron principalmente a jóvenes, aunque también incorporaron a sindicatos, pensionistas, docentes y otros sectores afectados por el encarecimiento de las condiciones básicas.
Las protestas reflejan un malestar común en distintos países europeos, aunque cada movilización tiene causas particulares. Entre las demandas aparecen el acceso a viviendas asequibles, mejores salarios, la defensa de los servicios públicos, el rechazo a la precariedad laboral y una mayor exigencia de transparencia a las instituciones.
Francia registra nuevas movilizaciones
En Francia, las manifestaciones se concentraron en varias ciudades, entre ellas París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse y Estrasburgo. La mayoría de las concentraciones transcurrió de forma pacífica, aunque posteriormente se registraron disturbios y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en algunos puntos.
El movimiento francés comenzó a ganar fuerza desde finales de septiembre, cuando estudiantes denunciaron el deterioro de la educación pública. A esas demandas se sumaron reclamos relacionados con el precio de los alimentos, los combustibles, los salarios y el impacto de los ajustes presupuestarios.
España combina reclamos por pensiones, educación y vivienda
En Madrid, alrededor de 25 mil personas, según datos del gobierno, marcharon para defender el sistema público de pensiones y rechazar su privatización. La movilización fue convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y exigió medidas para proteger el poder adquisitivo de las personas jubiladas.
También continuaron las protestas de docentes y familias en defensa de la educación pública no universitaria de la región de Madrid. En paralelo, una acampada instalada en la plaza de Sol mantiene el reclamo por el derecho a la vivienda, después de que una movilización iniciada tras el desahucio de una mujer de 87 años ampliara sus demandas hacia la crisis habitacional y las condiciones laborales.
Italia protesta contra los alquileres y el despliegue policial
En Milán, miles de personas, en su mayoría jóvenes, marcharon contra el encarecimiento de la vida, el alto precio de los alquileres y el dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades. La concentración ocurrió una semana después de los disturbios registrados en el centro de la ciudad, que incluyeron saqueos y daños a comercios.
Las autoridades italianas reforzaron la vigilancia en varias ciudades ante el temor de nuevos incidentes. Sin embargo, también se realizaron manifestaciones autorizadas y pacíficas contra el costo de vida, la guerra y las políticas del gobierno de Giorgia Meloni.
Portugal mantiene la presión por la crisis de vivienda
En Portugal, miles de personas volvieron a salir a las calles de varias ciudades para exigir soluciones a la crisis de vivienda y cuestionar la respuesta del gobierno. En Lisboa, los manifestantes recorrieron la Avenida da Liberdade hasta la plaza de Rossio, donde se han desarrollado asambleas populares vinculadas con las acampadas de los últimos días.
Las protestas portuguesas también plantearon la posibilidad de una huelga general ibérica el próximo 11 de noviembre. Aunque los sindicatos lusos aún no han confirmado su participación, han mantenido abierta la posibilidad de sumarse a la convocatoria impulsada en España.
Un malestar con causas compartidas
Especialistas consultados en torno a las movilizaciones identifican factores comunes, como la pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los alquileres, la precariedad laboral y la percepción de que los servicios públicos no responden a las necesidades cotidianas. La juventud ha desempeñado un papel central, aunque las protestas han adquirido un carácter intergeneracional.
El malestar también se ha extendido a otros países europeos, como Albania, Grecia y Serbia, donde las demandas combinan reclamos económicos con críticas a la corrupción, la falta de transparencia y la capacidad de los gobiernos para responder a problemas sociales.
Ante la continuidad de las movilizaciones, el Consejo de Europa pidió proteger el derecho de reunión pacífica y distinguir entre quienes participan en concentraciones legítimas y quienes cometen actos violentos. Las protestas previstas para las próximas semanas podrían mantener la presión sobre los gobiernos europeos y convertir las demandas sociales en un factor relevante del debate político.