La iniciativa Manifiesta tu Ciudadanía, que agrupa a 37 organizaciones de la sociedad civil, solicitó la apertura de un diálogo técnico y de alto nivel con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Bienestar.
Manifiesta tu Ciudadanía planteó que recientes disposiciones fiscales y administrativas han generado “un entorno de incertidumbre jurídica, caracterizado por criterios restrictivos, cargas administrativas excesivas y procesos que, en la práctica, dificultan la operación cotidiana de las organizaciones”.
El llamado surge después de que medios nacionales difundieran que el SAT revocó la autorización para recibir donativos deducibles a más de 100 organizaciones y dio de baja a otras 13, según un documento de la propia dependencia. Ante ese escenario, la coalición advirtió que la continuidad de proyectos en ámbitos como derechos humanos, educación, salud, atención a la infancia, desarrollo comunitario y participación ciudadana podría verse amenazada.
En su posicionamiento, Manifiesta tu Ciudadanía afirmó que las organizaciones buscan cumplir sus obligaciones legales y fiscales, y pidió que el marco regulatorio garantice certeza, proporcionalidad y viabilidad operativa que reconozca la función social del sector.
Entre las firmantes y organizaciones convocantes mencionadas en las versiones públicas del llamado figuran Amnistía Internacional, Artículo 19, Save The Children, Frente contra la Pobreza, Causa en Común, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) y Yo También.
La solicitud de diálogo propone una mesa técnica para revisar el marco regulatorio y construir soluciones que permitan cumplir la ley sin obstaculizar el trabajo de las organizaciones; el texto difundido enfatiza la disposición de las OSC a rendir cuentas y su compromiso con la legalidad y la transparencia.
El futuro inmediato dependerá de la apertura de las dependencias convocadas a la conversación técnica y de las medidas que se acuerden para restablecer certeza jurídica a las donatarias afectadas.
