El Knesset aprobó el 30 de marzo de 2026 una ley que establece la pena de muerte por ahorcamiento para personas condenadas por delitos catalogados como terrorismo, una medida respaldada y celebrada por algunos legisladores y por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben‑Gvir.
La norma amplía la posibilidad de imponer la pena capital en casos de asesinatos clasificados como actos de terrorismo y contempla, según organizaciones de derechos humanos, mecanismos que limitan la conmutación de sentencias y aceleran los plazos procesales; Human Rights Watch indicó que la ley prevé ejecuciones en un plazo acelerado de 90 días en ciertas condiciones y que en la práctica se aplicaría predominantemente a personas juzgadas por tribunales militares en el territorio palestino ocupado.
Al día siguiente de la aprobación, cientos de personas salieron a las calles en varias ciudades de Cisjordania y en Jerusalén, donde se reportaron marchas, sentadas y concentraciones frente a edificios públicos y la sede de la Cruz Roja en Gaza. Funcionarios palestinos emitieron comunicados calificando la medida de violatoria del derecho internacional y pidieron la intervención de la comunidad internacional.
Organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch calificaron la reforma como discriminatoria y expresaron que su aplicación podría vulnerar el derecho a la vida y otras protecciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Diversos gobiernos y organismos internacionales manifestaron su rechazo o preocupación por el alcance y la selectividad de la medida.
Las reacciones subrayan dudas sobre el respeto a salvaguardias procesales, la posibilidad de recursos y el impacto político y diplomático de la ley. Grupos de derechos y observadores advierten que la norma podría dar lugar a impugnaciones legales y a un aumento de la tensión en los territorios y a nivel internacional.
