El 31 de marzo de 2026, el juez federal Richard Leon en Washington concedió una orden judicial preliminar que suspende la construcción del salón de baile de la Casa Blanca promovido por la administración del presidente Donald Trump, al estimar que el proyecto debe someterse a revisiones independientes y obtener la autorización del Congreso antes de proseguir.
La medida responde a una demanda presentada por un grupo de preservación histórica que alegó que la demolición del ala este y los trabajos vinculados al proyecto se realizaron sin las revisiones y aprobaciones legales correspondientes. El tribunal autorizó la suspensión mientras se resuelven las cuestiones de fondo en el proceso judicial.
El proyecto, presentado por la Casa Blanca como una obra financiada con donaciones privadas, ha sido objeto de controversia por el tamaño y el alcance de la construcción, así como por el procedimiento seguido para su inicio tras la demolición del ala este. Informes de prensa han estimado el costo del proyecto en alrededor de 400 millones de dólares y han señalado que la obra había avanzado sin la revisión completa de comisiones federales de planificación.
En audiencias previas, el juez Leon planteó dudas respecto a la interpretación legal que sostiene la administración para proceder sin la autorización explícita del Congreso; en febrero de 2026 el mismo magistrado había denegado inicialmente una solicitud de suspensión al concluir que la demanda debía enmendarse, pero mantuvo límites sobre trabajos subterráneos para evitar decisiones irreversibles.
La orden actual excluye expresamente de su alcance las obras necesarias para la seguridad y protección de la Casa Blanca, según las resoluciones judiciales revisadas en la causa. Las partes anticipan que la decisión será apelable y que el litigio continuará mientras se dirimen los reclamos sobre autoridad presidencial, requisitos legales de revisión y la necesidad de aprobación legislativa.
El fallo puede influir en los procedimientos pendientes ante comisiones federales de planificación y en el calendario de obras que la Casa Blanca había señalado públicamente; además, deja abierta la vía para que el National Trust for Historic Preservation y otros demandantes presenten argumentos ampliados en el proceso judicial.
