La propuesta legislativa presentada por la diputada Diana Sánchez Barrios busca regular el hospedaje de corta estancia en la Ciudad de México mediante la incorporación de dos figuras jurídicas: la Estancia Turística Eventual y el Hospedaje de Corta Estancia entre Particulares, y establece condiciones y restricciones para su operación.
El proyecto exige que las estancias turísticas eventuales se registren en el folio real ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que los inmuebles cuenten con uso de suelo comercial o mixto y que obtengan el permiso para operar como giro mercantil. Además, plantea la prohibición expresa de destinar a este servicio inmuebles de nueva construcción, así como aquellos reconstruidos o rehabilitados conforme a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México y el Reglamento de la Ley de Construcciones.
La iniciativa señala que operadores especializados han concentrado múltiples unidades destinadas exclusivamente a hospedaje temporal, lo que, según la exposición de motivos, afecta la disponibilidad de vivienda, eleva precios de renta y contribuye al desplazamiento de vecinos y al deterioro del tejido social en algunas colonias.
Como parte de los cambios normativos propuestos, la reforma contempla la creación de requisitos administrativos para quien ofrezca estancias turísticas, y elimina el tope vigente en la ocupación de noches cuando existan reglas claras y requisitos firmes para operar, según el texto turnado a comisiones.
Representantes del sector de anfitriones han pedido ser incluidos en las mesas de trabajo y en el diseño de la regulación. Líderes del colectivo que agrupa a hospedadores han defendido la función económica de las estancias temporales, argumentando que amplían la oferta en zonas con poca infraestructura hotelera, generan actividad en comercios locales y forman parte de una cadena de servicios que aporta a la recaudación fiscal.
El debate jurídico y técnico ya está en marcha: la iniciativa fue turnada a comisiones del Congreso capitalino para su análisis y discusión. El proceso legislativo incluirá la evaluación de obligaciones en materia de protección civil, seguridad y fiscalidad, así como el alcance de las prohibiciones sobre usos de suelo y desarrollos habitacionales.
La propuesta plantea un cruce de prioridades públicas y privadas: garantizar el derecho a la vivienda y el uso social del suelo, al tiempo que ordenar una actividad que el sector y plataformas defienden por sus aportes económicos. La resolución de este conflicto definirá requisitos de operación y límites para el hospedaje de corta estancia en la capital en los meses venideros.
