Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó este viernes 25 de septiembre de 2026 la destitución de Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, tras detectarse anomalías en el operativo que derivó en el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide.
El funcionario explicó que la fiscal general de la República y su equipo encontraron irregularidades en el procedimiento, por lo que la documentación relacionada con el aseguramiento será revisada desde el primer decomiso para confirmar o descartar posibles inconsistencias.
La investigación comenzó el 3 de julio de 2026, después de la detención de una persona que presuntamente descargaba combustible de una pipa con capacidad para 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz. La persona no pudo acreditar la trazabilidad del hidrocarburo, de acuerdo con la información oficial difundida por la FGR.
A partir de esas diligencias se realizaron cateos en una gasolinera de San Luis de la Paz, en un inmueble destinado al despacho de gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, en una terminal de almacenamiento ubicada en San José Iturbide, Guanajuato.
El aseguramiento fue anunciado el 17 de septiembre y presentado inicialmente como uno de los mayores golpes contra el contrabando de combustible. Sin embargo, después surgieron dudas sobre el origen y la trazabilidad de los hidrocarburos, así como sobre la documentación entregada por las empresas relacionadas con el almacenamiento.
Harfuch señaló que ahora se revisan los documentos proporcionados por las compañías involucradas para determinar si existen anomalías y establecer con precisión la procedencia del combustible asegurado.
La salida de Vera Ayala ocurre mientras continúa la investigación ministerial sobre el operativo. La FGR también trasladó el caso a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, debido a la complejidad del expediente y a la necesidad de verificar la propiedad, operación y trazabilidad financiera y fiscal del hidrocarburo.
Hasta que concluya la revisión, las autoridades no han establecido de manera definitiva si la totalidad del combustible asegurado estaba vinculada con actividades ilícitas. El análisis de la documentación será clave para definir el alcance legal del caso y las responsabilidades que correspondan.