La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años más la información relacionada con el atentado explosivo que sufrió Citlalli Hernández el 29 de mayo de 2019, cuando era senadora de Morena. La dependencia argumentó que la carpeta de investigación continúa en trámite y que hacer públicos sus detalles podría alertar a personas involucradas y afectar la seguridad nacional.
La nueva reserva fue establecida en agosto de 2026, por lo que la información podría abrirse públicamente hasta 2031, salvo que se extingan antes las causas que originaron su clasificación. La decisión respondió a una solicitud de información sobre las indagatorias del caso.
La fiscalía advierte riesgos para la investigación
De acuerdo con la resolución identificada como FGR/UETAG/004019/2026, la fiscalía sostuvo que divulgar los documentos expondría las líneas de investigación desarrolladas por el Ministerio Público de la Federación, así como las evidencias reunidas para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, responsabilidades penales.
La FGR también señaló que la entrega de la información representaría un riesgo real, demostrable e identificable para el interés público y la seguridad nacional, debido a que podría comprometer la eficacia de las diligencias pendientes.
El ataque ocurrió en una oficina del Senado
La noche del 29 de mayo de 2019, un artefacto explosivo de fabricación casera oculto en un objeto con forma de libro detonó en la oficina de Hernández, ubicada en el tercer piso de la torre de oficinas del Senado. La entonces legisladora salió hacia el servicio médico con leves quemaduras y restos de polvo en la ropa.
Tras el incidente, la FGR atrajo la investigación. La información fue clasificada inicialmente por un periodo de cinco años y posteriormente volvió a reservarse bajo el argumento de que las pesquisas permanecen abiertas.
Monreal afirma que no conoció avances
Ricardo Monreal, quien coordinaba la bancada de Morena en el Senado cuando ocurrió el atentado, afirmó que nunca conoció los avances de la investigación. El legislador recordó que acompañó a Hernández al hospital después de la explosión, pero sostuvo que la indagatoria quedó bajo responsabilidad de la fiscalía.
La resolución también advierte que los servidores públicos que divulguen documentos reservados de una carpeta de investigación podrían enfrentar sanciones penales y administrativas, conforme a las disposiciones aplicables del Código Penal Federal.