El Gobierno de España anunció este martes 29 de septiembre de 2026 un paquete de medidas para ampliar hasta 2030 la protección contra los desalojos de personas vulnerables y extender la vigencia de determinados contratos de alquiler, en respuesta a la presión social provocada por la crisis de vivienda y el caso de Maricarmen Abascal.
Las medidas fueron aprobadas en el Consejo de Ministros mediante dos textos que deberán ser sometidos a votación en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo de Pedro Sánchez no cuenta con mayoría parlamentaria, por lo que la aprobación definitiva dependerá de las negociaciones con otros grupos políticos.
¿Qué incluye el paquete de vivienda?
El plan contempla ampliar hasta 2030 la protección frente a los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad que no cuenten con una alternativa habitacional. También prevé extender por dos años los contratos de alquiler que terminen antes del 31 de diciembre de 2028, además de incorporar mecanismos de renovación de los arrendamientos.
El Gobierno también plantea regular los alquileres de temporada y por habitaciones, así como limitar la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión durante el periodo previsto en la norma. Estas medidas buscan responder a las demandas de organizaciones de inquilinos, que señalan a los fondos y a los alquileres turísticos como factores que reducen la oferta y presionan los precios.
El caso de Maricarmen impulsó las protestas
El paquete, conocido públicamente como “decreto Maricarmen”, tomó fuerza después del desalojo de una mujer de 87 años que había vivido durante siete décadas en una vivienda de Madrid. Las imágenes de su salida del inmueble, ocurrida la semana pasada, provocaron indignación y colocaron la crisis habitacional en el centro del debate político.
La movilización se concentró principalmente en la Puerta del Sol, donde cientos de manifestantes instalaron un campamento para exigir mayor protección para los inquilinos. El Sindicato de Inquilinas de Madrid reclamó contratos renovables de manera automática, controles para los alquileres temporales y medidas que impidan desalojos sin una alternativa habitacional.
En paralelo, representantes de Maricarmen Abascal y la empresa que adquirió el inmueble alcanzaron un acuerdo para permitirle regresar a su vivienda. El regreso todavía depende de la formalización del acuerdo, mientras la mujer permanece hospitalizada.
El Congreso deberá votar las medidas
El Congreso de los Diputados prevé celebrar un pleno extraordinario este viernes para debatir el paquete de vivienda. La discusión podría modificar el alcance de las medidas, especialmente en asuntos como la renovación automática de contratos, la regulación de los alquileres de temporada y las restricciones a los fondos de inversión.
El Gobierno enfrenta el reto de obtener respaldo suficiente para convertir los anuncios en normas vigentes. Mientras tanto, organizaciones de inquilinos anunciaron nuevas movilizaciones en Madrid y otras ciudades españolas para exigir cambios de mayor alcance frente al encarecimiento de la vivienda.